El portavoz del sindicato USO en la compañía Ryanair, Jairo Gonzalo, lamentó ayer la pasividad del Gobierno canario y de la Inspección de Trabajo para actuar ante las presuntas irregularidades que la citada empresa está cometiendo durante la huelga celebrada por tripulantes de cabina y pilotos, a raíz de que la multinacional haya anunciado el cierre de las bases en los aeropuertos de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Girona. Según Gonzalo, ayer estaba prevista una concentración en la terminal del Reina Sofía. Sin embargo, el pasado jueves, todos los trabajadores fueron convocados para realizar servicios mínimos, incluidos los que tenían día libre o los delegados sindicales, "bajo amenaza de apertura de expediente disciplinario o despido", aclaró el representante sindical.

Para el delegado de USO, la empresa efectúa "estas prácticas mafiosas, bajo la complicidad y el amparo del Gobierno español y de AENA, que es la responsable de verificar los servicios mínimos aplicados; todo el mundo mira para otro lado".

Gonzalo indicó que ayer a personal de la base de Girona se le ordenó acudir al aeropuerto de París-Beauvais y, desde ahí, volar hasta Rabat, para posteriormente regresar desde la capital marroquí a la terminal gala. Pero lo más curioso, en opinión del sindicalista, es que tal directriz de trabajo se notificó por escrito y se hizo en base a los servicios mínimos aprobados por el Gobierno español; "lo que es el colmo de los colmos". A una quincena de empleados de Tenerife ya se les ha avisado para que acudan el lunes a un encuentro disciplinario en la sede de la compañía en Dublín, con lo que los expedientados ya suman una treintena.

Según el portavoz de USO, "es una vergüenza que una multinacional que recibido dinero público a manos llenas de este país" actúe de esa manera "y al Gobierno español parece que le da igual".

Además de las 15 denuncias individuales, ya se han presentado también tres demandas de tutela ante la Audiencia Nacional, "ya que solo nos queda la vía legal". También se ha alertado a la Guardia Civil por la utilización de tripulaciones de otros países para cubrir la huelga, "lo que supone una sustitución ilegal". A Gonzalo, por un único día de huelga le van a descontar 400 euros de salario, lo que califica de "abusivo".

Para Gonzalo que el ministro de Fomento minimice "el asunto de la conectividad es un error importante", ya que con los nueve vuelos que se cancelan desde enero se van a perder puestos de trabajo directos e indirectos. En todo el país, la reducción de personal afecta a unos 512 empleados.

Gonzalo se preguntó "¿dónde están los inspectores de Trabajo permitiendo las tropelías de Ryanair en Canarias?; ¿y las denuncias? Todavía no hemos visto ninguna resolución". Recordó que, "si esta compañía recibe dinero público, que también cumpla la Ley, como el resto de empresas".

Dijo que Ryanair tiene "una capacidad muy fuerte sobre las autoridades", por lo que está convencido de que "este conflicto se va a tener que lidiar a nivel europeo". Apuntó que "cualquier país europeo mataría por tener" o conservar "esas nueve rutas". Añadió que Canarias necesita mecanismos para garantizar la conectividad.