"Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden". Es su grito de guerra, pero el problema es que aún no hay un Ejecutivo operativo que vele por ellas. Los jubilados lamentan que a estas alturas del año no tengan respuesta a sus peticiones y todavía se desconozca, a escasos meses de finalizar el ejercicio, cuánto van a cobrar en 2020. La celebración de unas nuevas elecciones generales -las cuartas en cuatro años y las segundas estatales en siete meses- alarga la situación de interinidad política y acota la iniciativa legislativa del Gobierno central. La revalorización de las pagas queda, por tanto, en el aire. Y si no se blinda para el próximo año una subida igual al índice de Precios al Consumo (IPC), los pensionistas canarios perderán unos 30,8 millones.
Los jubilados volverán a tomar las calles el 16 de octubre, en una macroconcentración en Madrid frente a las puertas del Congreso, pero también en Gran?Canaria,?Tenerife y Fuerteventura. Lo harán para reclamar una subida de sus pagas con arreglo a la evolución del IPC. No quieren perder poder adquisitivo y sí que se entierre de forma definitiva el alza del 0,25%, una fórmula matemática aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013. Ésta tiene en cuenta las finanzas de la Seguridad Social, de tal modo que mientras reflejen déficit, las prestaciones solo podrían subir en esa proporción.
La desaparición de tres millones de cotizantes por la destrucción de empleo en los peores años de la crisis económica llevó al Ejecutivo central de entonces a limitar la revalorización de las pagas.?La regla del 0,25% se mantuvo hasta 2017. Un año después, a raíz del acuerdo presupuestario entre el?PP y PNV, se puso en suspensión la reforma de las pensiones de 2013 para incluir en las cuentas estatales una revalorización de acuerdo al incremento del IPC. Para 2019, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez (PSOE) siguió esta misma línea a través de un decreto, con lo que garantizaba que un año más las pensiones estuviesen ligadas al IPC.
