Como viene siendo costumbre en los últimos años, el Consejo de Ministros aprueba ya con el calendario al límite de tiempo la autorización para que Canarias y el Estado firmen el convenio para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), dotado con 42 millones de euros destinados a la generación de puestos de trabajo y a la formación profesional y que ha sido objeto de polémica y disputa política por el retraso con que se formaliza este mecanismo de ayuda estatal vigente desde 1996.
El trámite superado ayer tendrá una concreción mayor la próxima semana cuando la consejera de Economía y Empleo, Carolina Darias, firme el documento en Las Palmas de Gran Canaria con la ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que viajará a Gran Canaria con este fin, momento a partir del cual el Estado transferirá la cantidad mencionada a la comunidad autónoma para la puesta en marcha de los programas a los que va destinado.
La dotación del convenio es la aprobada en los Presupuestos estatales de 2018 y que se encuentran prorrogados durante el actual ejercicio, mientras que la fecha en la que el documento toma cuerpo y permite la transferencia de fondos obliga a la comunidad autónoma a programar la ejecución de dicha cantidad en lo que queda de año, es decir, en un plazo de poco más de tres meses, aunque el gasto pueda derivarse a fechas posteriores.
Esta situación no es nueva porque el PIEC de 2018 tuvo incluso un margen de maniobra inferior ya que el documento fue firmado por el entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su consejera de Empleo, Cristina Valido, el 17 de octubre. Estos retrasos en la superación de los distintos trámites del PIEC, condicionado en los últimos años por la inestabilidad política y los cambios de responsables en los distintos gobiernos central y regional, dificulta el pleno desarrollo de los programas de empleo y formación a que van destinados y la plena ejecución de las partidas.
Dos fechas límites
En este caso, el PIEC de 2019 se hace realidad en dos fechas límites, ya que la primera autorización se produjo el 4 de abril pasado, apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 26 de abril, y esta nueva y definitiva autorización y la posterior firma del documento el próximo miércoles lugar sólo unos días antes de que probablemente se vuelvan a disolver las Cortes el próximo día 23 por el bloqueo político para la investidura.
El acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros, anunciado en la posterior comparecencia de la ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, contempla acciones y medidas dirigidas, entre otras materias, a favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas; a mejorar la adaptación de los trabajadores, ocupados y desempleados, y su cualificación profesional; a facilitar la readaptación y tránsito de desempleados hacia nuevos sectores de empleo; y a fomentar la empleabilidad de los jóvenes y reducir la tasa de desempleo juvenil. También busca mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración; e incrementar la tasa de empleo femenina, la integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión y ausentes del mercado de trabajo y la integración laboral de las personas con discapacidad.
El PIEC cuenta también con financiación expresas para programas destinados a promover la activa transición de los colectivos especialmente vulnerables al mercado de trabajo; estructurar e integrar las actuaciones de fomento de la actividad económica, la mejora de la empleabilidad y la intermediación laboral de las distintas administraciones públicas de Canarias; y potenciar la mejora continua y adaptación del Servicio Público de Empleo en Canarias. Asimismo, pretende acercar las acciones e iniciativas de los SEP a la sociedad; impulsar la actividad empresarial, el emprendimiento y el autoempleo; potenciar los programas específicos de formación; reconocer las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral; y fomentar la práctica profesional en un entorno laboral.
Formalización del convenio
El convenio se formaliza estrictamente entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la comunidad autónoma a través de la Consejería de Economía y Empleo y del propio Servicio Canario de Empleo, que es el encargado de poner en práctica todos los programas, muchos de ellos a partir de convenios con los ayuntamientos y cabildos. El PIEC de 2018 contemplaba el destino de casi la mitad de su dotación, 20 millones de euros, al Plan Extraordinario de Empleo Social con el que las administraciones regional y municipales favorecen la contratación de personas cuyas familias se encuentran en un estado de vulnerabilidad constatada por los servicios sociales municipales.
