El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), Javier Gutiérrez, y un grupo de productores de papaya de Tenerife se han reunido con Francisco Echandi, director de Bonnysa; Antonio González, jefe de Servicio del Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias; técnicos de campo y casas comerciales de productos fitosanitarios para buscar soluciones que les permitan "combatir" las plagas y enfermedades que afectan al cultivo ante el cada vez "más restrictivo" uso de materias activas a la que obliga la Unión Europea.

Frente a este vacío de herramientas de control, los agricultores se quejan de "tanta prohibición" y de las "pocas alternativas" que dejan para producir fruta de calidad acorde a las exigencias de los clientes europeos.

Consideran que se encuentran "desarmados" y no pueden competir en igualdad de condiciones con la fruta importada procedente de otras regiones productoras extracomunitarias, con las que la UE es menos exigente en materia fitosanitaria, una desventaja que se traduce en pérdidas de rentabilidad para los exportadores locales.

Tanto el secretario general de ASAGA como los productores de papaya instaron al Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), a trabajar de manera coordinada con el Área de Agricultura del Cabildo de Tenerife en la realización de ensayos que avalen la eficacia de determinadas sustancias para el control del oídio y araña roja, los problemas parasitarios más perjudiciales en la producción de esta fruta.

Paralelamente, se solicitará al Ministerio de Agricultura una autorización excepcional que posibilite a los agricultores utilizar materias activas eficaces para el control de estos parásitos y que, en este momento, ya están autorizados para otros cultivos en la UE.

En esta línea de trabajo, el primer paso, según señaló el secretario general de ASAGA Canarias, es seleccionar las materias activas candidatas a optar a este tipo de autorización, tarea que le toca definir al sector de la papaya junto a los técnicos y casas comerciales.

Antonio González aclaró que "este tipo de autorizaciones no son fáciles de conseguir ya que las otorga el Ministerio de Agricultura y dependen de la baja carga residual, permitida por ley, que tengan los productos y, además una vez obtenida, su uso está restringido a 120 días al año, de hecho, las últimas que ha solicitado la Consejería de Agricultura han venido denegadas".

Aún así considera que "hay que intentarlo pero sería conveniente ir de la mano de otros productores peninsulares de papaya en la misma situación para sumar apoyos".

Azufre espolvoreado

Además del escaso abanico de materias activas, los productores de papaya también muestran su preocupación por la futura eliminación de los tratamientos de azufre espolvoreado, un fungicida que se ha empleado tradicionalmente en Canarias y permitido incluso dentro de la agricultura ecológica.

Durante el encuentro también se recordó a los productores de papaya que, desde el pasado 1 de septiembre, está en vigor la Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 por la que se exige, entre otros, a los exportadores de papaya un certificado fitosanitario para poder comercializarse fuera de Canarias.

Esta norma obliga a que las mercancías sean doblemente inspeccionadas, una a la salida del archipiélago y otra, a la entrada de la Península donde se comprueba, mediante inspecciones, la ausencia de plagas y enfermedades y en caso de detectarse cualquier incidencia, las producciones son destruidas o devueltas a su origen.