La necesidad de corregir los excesos de la crisis, primero, y los intentos de recuperar una rentabilidad penalizada por los tipos bajos, después, ha llevado al sector financiero español a aplicar un recorte sin precedentes en sus redes comerciales durante la última década. El número de sucursales bancarias se ha reducido en un 43,8% (o sea, en 20.222 oficinas) desde el máximo del 2008 hasta las 25.896 con que se cerró el primer trimestre de este año, un nivel equivalente al que se registraba en 1980. Los cajeros han caído menos debido a que muchas oficinas han sido sustituidas por estos dispositivos, pero también han bajado con fuerza (el 18,4%, hasta los 50.336, volumen similar al del 2002).
La consecuencia ha sido un incremento de la exclusión financiera de la España rural, esa que ahora ha dado en llamarse vacía o vaciada.
Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el 52,2% de los municipios españoles (4.244) no contaba con una sucursal bancaria al cierre del 2017, lo que afectaba al 2,9% de la población (1,35 millones de personas). Respecto al 2008 esto supuso un incremento del 19% y el 46%, respectivamente. O dicho de otra manera, un total de 679 localidades y 428.070 ciudadanos dejaron de contar con una oficina en aquellos nueve años.
La falta de este servicio se ceba en las provincias del interior: Zamora (27,7% de la población sin sucursal), Segovia (22,5%), Ávila (21,2%), Salamanca (20,7%), Cáceres (11,9%), Cuenca (10,9%), Huesca (10,7%) y Teruel (10,3%). Por contra, en Baleares, Cádiz, Jaén, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz, Murcia y Sevilla apenas hay incidencia (poco más del 0%). En las dos provincias canarias el cierre de oficinas se palió bien con servicios móviles itinerantes (en guagua) o con aperturas en días alternos que evitan a los ciudadanos trasladarse a municipios o bien a islas vecinas, como se planteó en un principio en La Graciosa con los reajustes impuestos en Bankia tras la nacionalización de la entidad. Entonces las protestas ciudadanas lograron parar esos reajustes impuestos por la fusión de entidades (como el caso de CajaCanarias que tras la creación de una SIP pasó a ser Banca Cívica y luego se integró en CaixaBank en 2012; o La Caja de Canarias al integrarse en Bankia).
No obstante, todo apunta a que el problema irá a más por el repliegue de la banca hacia las zonas más ricas y pobladas.
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada destacaba hace unos días que, con el actual ritmo de cierre de sucursales, en el 2025 en torno al 5% de la población "tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo", con el consiguiente "grave riesgo de exclusión financiera, un riesgo con notables consecuencias sociales y económicas". Según las estimaciones de crecimiento de la población del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cumplirse sus predicciones en torno a 2,4 millones de personas pasaría a no tener una oficina en su localidad, el 78% más que en el 2017.
Los cajeros de momento solo lo están paliando a medias. Según un estudio del Banco de España, la población española que no disponía de puntos cercanos de acceso al efectivo era aproximadamente del 1,96% en el 2017. Es decir, que 437.373 personas no contaban ni con oficina ni con cajero en su población.
Provincias como las de Granada y Badajoz están tratando de solventarlo llegando a acuerdos con los bancos para que instalen cajeros en municipios excluidos. Entidades como Ban-kia han encontrado en las oficinas móviles una forma de llegar a los pueblos, al menos por el momento.
