Una de las consecuencias más nefastas de la crisis para la España rural ha sido la desaparición de miles de oficinas bancarias y cajeros. La banca digital ha sido presentada como la gran panacea para resolver estos problemas de exclusión financiera. Pero si bien es cierto que puede ayudar en buena medida a solventarlo, los expertos advierten de que también aumenta el riesgo de dejar fuera del sistema a los colectivos más vulnerables, como la gente de más edad, las rentas más bajas y personas con discapacidad.
En un informe para el G 20 del año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya subrayó el riesgo de que surjan "nuevos tipos de exclusión de ciertos grupos de la población", particularmente "los mayores y aquellos con bajos ingresos".
Podrían verse apartados por tres causas: porque no puedan permitirse económicamente usar un móvil o un ordenador; porque se autoexcluyan debido a su bajo nivel de conocimientos tecnológicos y financieros; y porque las entidades financieras o de seguros rechacen sus solicitudes o les impongan un sobreprecio por un "inapropiado o excesivo" uso de los datos para decidir si las aceptan o a causa de "correlaciones incorrectas o erróneas hechas sin interpretación humana" por los algoritmos.
Seguros
En un encuentro internacional sobre educación financiera en la sede del BBVA, Flore-Anne Messy, jefa de asuntos financieros de la OCDE, admitió que los datos permiten a las entidades conocer mejor los riesgos que asumen con los clientes. "Pero al mismo tiempo, significa que algunos consumidores no tendrán acceso al crédito o a los seguros, o tendrán acceso a ellos a un precio muy alto porque suponen un riesgo elevado. Es especialmente un problema en los seguros de salud o de vida. Personas con problemas de salud tendrán dificultades para conseguir un seguro adecuado. No es solo un asunto financiero, sino ético y social", advirtió.
El Banco de España también ha alertado de posibles "prácticas discriminatorias en contra de determinados grupos de consumidores, normalmente los más vulnerables, y el riesgo de exclusión financiera vinculado a la carencia de competencias digitales". Por ello ha reclamado al sector que sea transparente en sus productos e información al cliente, y al tiempo "incentive" la formación financiera de sus usuarios. Fernando Tejada, director del departamento de conducta de mercado y reclamaciones, se ha mostrado particularmente preocupado por las "personas con capacidades distintas, reducidas o limitadas".
La digitalización, además, afronta obstáculos para solventar la exclusión. Según Funcas, solo el 40% de los clientes bancarios aceptaría operar exclusivamente por canales digitales y los directivos dan un 5,5 sobre 10 al grado de digitalización del sector. Con datos del INE, el 87,3% de los españoles usa internet, pero ese porcentaje baja al 52,9% en los mayores de 65 años, al 57,1% entre quienes solo cuentan con estudios de primaria, el 31,4% en los que no completaron el primer ciclo de la educación, y el 76,8% en los que ganan menos de 900 euros al mes.
Más educación
Otro foco de preocupación, aunque por razones opuestas, son los jóvenes. La OCDE ha señalado el riesgo de que la digitalización les provoque un "sobrendeudamiento" por los créditos preconcedidos o los préstamos rápidos. El Banco de España también ha mostrado su preocupación por la "sobreconfianza" que pueden tener en "dispositivos y aplicaciones amables", acostumbrados a actuar en el mundo digital.
Otros riesgos destacados por los expertos son los fraudes y el cibercrimen, el uso indebido de los datos por la facilidad con que se da consentimiento a que se acceda a ellos, la complejidad de productos vendidos como sencillos, y la inmediatez de las contrataciones sin haberlas meditado lo suficiente y sin que haya mecanismos para revocarlas.
Frente a todo, la principal palanca de defensa de los consumidores es la educación financiera. Así lo considera la OCDE, que lamenta que "sigue siendo baja en la mayoría de los países, y la situación mejora muy lentamente", según apuntó Messy. "Si las decisiones financieras no se adoptan con todas estas competencias que el ciudadano debe ser capaz de manejar, esta inclusión financiera puede ser más ficticia que real", resume José María López, responsable de RSC de Unicaja Banco.
En España todavía hay mucho que mejorar, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y patronales como la AEB y la CECA. Según un estudio mundial de hace unos años de Standard & Poor's, solo el 49% de los españoles tiene una cultura financiera mínima.
Algunas entidades son conscientes de ello, y por ejemplo CaixaBank "lleva a cabo diferentes iniciativas para promover los conocimientos en materia de finanzas". "El objetivo es ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más conscientes y mejores en términos financieros". Talleres, charlas y contenidos on line son algunos ejemplos.
