La ampliación de uno a dos años de la tarifa plana para los autónomos canarios se ha convertido en un embrollo tal que ha obligado al Gobierno regional a buscar una fórmula que permita salvar la medida cuando faltan menos de cuatro meses para que termine el ejercicio. La Consejería de Empleo, Conocimiento y Empleo proyecta tramitar una convocatoria de subvenciones, de manera que los beneficiarios reciban, durante sus segundos doce meses de alta en el régimen de trabajadores autónomos, una ayuda directa con la que poder sufragar la diferencia entre los 60 euros mensuales de cuota a la Seguridad Social que les correspondería pagar en concepto de tarifa plana y los 283 que efectivamente deberán abonar.
En realidad, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha defendido desde el principio la modalidad de subvenciones para articular la extensión de la cuota de 60 euros al segundo año de actividad, entre otras cosas porque así se hace en Andalucía y Madrid, comunidades donde funciona "muy bien", recalcó ayer Lorenzo Amor, presidente nacional de la organización, tras firmar la integración de esta en CEOE-Tenerife con su homólogo en la patronal de la provincia, José Carlos Francisco.
Sin embargo, a finales de la anterior legislatura -el 26 de junio-, la entonces Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo canario solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social la firma de un convenio para desarrollar la ampliación de la tarifa plana en forma de una nueva bonificación, la misma fórmula que se utiliza en el primer año. El órgano estatal respondió -ya a comienzos de agosto- con una negativa, alegando que la Comunidad Autónoma carece de competencias para aplicar bonificaciones y reducciones de las cuotas, pues se trata de atribuciones que corresponden en exclusiva al Estado.
Desde ATA Canarias muestran su sorpresa por el hecho de que el Gobierno haya optado por tramitar la iniciativa como un convenio con la Seguridad Social, ya que el Estado había advertido de que no aceptaría bonificar las cuotas durante un segundo año, pese a que los fondos necesarios para ello los aportase la Comunidad Autónoma. De hecho, aseguran que la última información de que disponía apuntaba a que se haría como una convocatoria de subvenciones. No en vano, la cúpula de la Consejería de Hacienda, junto a miembros de ATA, se reunieron en Madrid con el Gobierno de esa Comunidad para informarse con detalle de cómo se estaba llevando a cabo allí la medida.
La organización que representa en el Archipiélago a los trabajadores por cuenta propia pedirá una reunión con la nueva consejera de Economía y Empleo, Carolina Darias, con el objetivo de conocer sus previsiones sobre la tramitación de la medida y el mecanismo exacto para ponerla en marcha.
El presidente nacional de ATA afirmó ayer que, aunque las competencias para aplicar bonificaciones a la Seguridad Social son estatales, el Ejecutivo canario "tiene capacidad", como han hecho Andalucía y Madrid, para abordar el segundo año de tarifa plana "en el ámbito autonómico". "Invito al Gobierno de Canarias a abrir una orden de convocatoria de ayudas", dijo Lorenzo Amor, quien expresó la disposición de la asociación para "ayudar" a las autoridades de la Comunidad Autónoma a desarrollar esta actuación.
Los autónomos residentes en Madrid pueden solicitar la ampliación de la ayuda durante los dos últimos meses del periodo inicial de disfrute de la bonificación y hasta el último día del segundo mes siguiente a dicho periodo; es decir, entre el undécimo y el decimocuarto mes desde su alta. En ese segundo año, los beneficiarios abonan la cuota ordinaria de 283 euros, pero reciben un único pago anual equivalente a la diferencia entre la suma de las doce mensualidades de esa cuota y la de las doce de tarifa plana.
Esa modalidad es la que podría implantarse en Canarias, aunque la Consejería de Economía aún no ha concretado la regulación de la convocatoria de subvenciones. Lo que sí está definido es el presupuesto con el que cuenta el Gobierno: seis millones de euros, incluidos en los presupuestos autonómicos de este año y que son fruto de una transferencia de crédito aprobada por el Ejecutivo el pasado mayo, antes de que concluyera la legislatura, y procedente del superávit que registraban las arcas regionales.
