Panificadora Canaria Paybo S.L., que ha sido declarada en concurso de acreedores y se encamina hacia el cierre, ha experimentado varios cambios en su propiedad y su estructura empresarial durante los últimos años.

Así, el 25 de noviembre de 2013, Fernando Peña hizo efectiva la transmisión de sus activos en la firma, al tiempo que alquiló la nave industrial en la que la empresa desarrolla su actividad a Panificadora Canaria Paybo. Por lo tanto, Peña no ejercía como administrador único de Paybo hasta la entrada, hace solo unas semanas, del administrador concursal -como erróneamente se publicó en la edición del pasado sábado-, sino que ya no tenía vinculación con la entidad.

Después de la operación efectuada hace ya cerca de seis años, Paybo ha vuelto a cambiar de manos. Hasta la incorporación del administrador concursal, el Consejo de Administración de la sociedad limitada estaba conformado por un grupo de inversores que se había hecho cargo de ella posteriormente.

La empresa de alimentación, nacida en 1985, ha entrado en concurso voluntario de acreedores y se encuentra ya en fase de disolución -tal y como acordó en un auto emitido a finales de julio el Juzgado de lo Mercantil número uno de Santa Cruz de Tenerife-, lo que implica que su cierre es inevitable. El administrador concursal designado por el juzgado se está encargando de elaborar un plan que establezca los bienes y derechos de los que dispone la firma para hacer frente a sus obligaciones.

Para ello, este profesional -el economista y abogado Víctor Sanz Delgado Yumar- deberá aclarar a cuánto asciende la deuda y determinar cuáles son exactamente los acreedores. También tendrá que cobrar las cantidades que los clientes de Paybo pudieran tener pendientes de pago y obtener liquidez, si fuera factible, mediante la venta de sus propiedades (inmuebles o maquinaria).

El cierre de Panificadora Canaria Paybo S.L. afecta a un colectivo de setenta trabajadores y puede tener también incidencia sobre otros empleos indirectos. En una situación como la que vive la empresa, los empleados son considerados "crédito privilegiado", lo que significa que el pago de las cantidades que se les deben es prioritario, una condición que comparten con las deudas a la Seguridad Social o a Hacienda que pudiera tener la entidad.