03 de septiembre de 2019
03.09.2019

La Fiscalía cerca a los gestores de Bankia por sus "irregularidades"

Anticorrupción, en la recta final del proceso judicial, denuncia que todo lo que rodeó la creación de esta entidad bancaria fue una pesadilla que ahora se quiere hacer desaparecer

03.09.2019 | 01:04
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato (derecha) junto al exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral al inicio del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción endureció ayer su relato sobre la salida a Bolsa de Bankia, grupo que integró a siete cajas de ahorros -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja-, una "pesadilla" basada en irregularidades "perfectamente" conocidas por su expresidente Rodrigo Rato y el resto de ejecutivos, que "los operadores financieros han querido hacer desaparecer" para minimizar posibles responsabilidades.

Durante su intervención ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa, en la recta final de juicio, defendió su labor y aseguró que el hecho de haber añadido un presunto delito de falsedad contable a su acusación final no vulnera derecho alguno, puesto que "las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué tenían que defenderse".

La representante del Ministerio Público se refería así a la modificación de sus conclusiones en julio, cuando presentó un nuevo escrito en el que pide ocho años y medio de cárcel para Rato por estafa a inversores y falsedad contable. Una pena sensiblemente superior a los cinco y seis años de prisión que solicita, respectivamente, para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella; mientras que el que fuera número dos de la entidad Francisco Verdú se enfrenta a entre seis y nueve meses de cárcel.

En la lista figuran otras diez personas, entre ellas exintegrantes de los comités de auditoría del grupo, como Miguel Ángel Soria o el ex director de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, así como el interventor del banco, Sergio Durá, y el socio auditor Francisco Celma. Aunque inicialmente les exoneraba, la Fiscalía los considera ahora a todos ellos como cooperadores necesarios de las presuntas irregularidades, las cuales cree acreditadas "de forma contundente".

"Se ha demostrado la importantísima insuficiencia de los saneamientos, la deficiencia de información al mercado y la desaparición de la provisión genérica", indicó Launa, que insistió en que la entidad ofreció una imagen en el folleto de la salida a Bolsa que no se correspondía con la real.

En opinión de la fiscal, los directivos de BFA-Bankia ocultaron la situación del grupo desde sus orígenes, finales de 2010, período en el que los acusados "sabían" que las coberturas de las que disponían "no eran las adecuadas" porque se basaban en cálculos sobre información disponible tres meses antes.

Sin embargo, a pesar de que tanto la dirección financiera como los ejecutivos ahora en el banquillo eran conscientes de que el nivel era "muy superior en septiembre que en diciembre", no actualizaron las cifras para mostrar un mayor atractivo.

Y es que de haberse contabilizado correctamente, el banco se habría quedado "con un patrimonio que no permitía ninguna operación", en alusión a la posterior salida a Bolsa de julio de 2011.

Launa se remitió a los informes de los peritos cedidos a la causa por el Banco de España, y cuantificó en 5.759 millones el déficit de saneamientos que arrastraba BFA-Bankia. A ello habría que sumar otros 663 millones de euros en deterioros no registrados procedentes de Banco de Valencia, principal participada de Bancaja.

Firme en su tono crítico, Launa también aludió a la actuación de los organismos públicos, calificando de "inusual" los contrainformes con los que la CNMV y del propio Banco de España han querido "desvirtualizar" el trabajo de los inspectores designados al caso. "Todo lo que rodeó la constitución del grupo BFA-Bankia y su salida a Bolsa, hasta la dimisión de Rato y la nacionalización de la entidad, minó la credibilidad exterior de nuestra economía", denuncia la fiscal, que lamenta que los "operadores financieros" nieguen esta "pesadilla".

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