Hoy arranca un mes de fuerte conflictividad laboral para Ryanair. Los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea de bajo coste inician su huelga, que se desarrollará durante diez días de septiembre. El paro -al que se unirán en unas semanas los pilotos- se produce en un ambiente de creciente tensión después de que la compañía alentara a la plantilla a presionar a los sindicatos a desconvocar unas movilizaciones que, advierte, no tendrán efecto alguno, puesto que su decisión de desmantelar sus bases en Canarias y Girona está tomada.
La maniobra de la empresa no ha sentado nada bien a los sindicatos convocantes de la huelga -USO y Sitcpla-, molestos por lo que consideran "tácticas agresivas" y por la resistencia de Ryanair a negociar.
Las administraciones canarias asisten impotentes a la marcha de la aerolínea del Archipiélago. Representantes de Ryanair se han comprometido a trasladar al Cabildo de Tenerife las rutas afectadas para que la administración insular pueda buscar alternativas, si bien hasta ahora ha asegurado que el cierre de las bases no implica que dejen de operarse los vuelos. Por su parte, el Gobierno ha expresado su sorpresa por no haber obtenido respuesta de la empresa.
Las instituciones y los sindicatos sospechan que lo que Ryanair pretende es obtener ayudas que garanticen la rentabilidad de su negocio en las Islas, aunque por ahora no lo ha planteado abiertamente.
El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, ha instado a las administraciones a negociar para evitar la "gran pérdida" que supondría la marcha de la compañía. "Lograr nuevos enlaces lleva años. Buscar alternativas no es tan fácil como dicen los responsables políticos", opina Cabrera, que sostiene que Ryanair "se ha caracterizado por exprimir a las administraciones" y admite que no se puede tratar de forma distinta a unas empresas y otras, pero advierte de que la conectividad es "fundamental".
