Las pensiones se revalorizarán en 2020 con arreglo al índice de precios de consumo (IPC) esté o no resuelta la situación de interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez, según el criterio expresado ayer por el Ministerio de Trabajo. El departamento de Magdalena Valerio sostiene que, en la hipótesis de que el país tenga que volver a las urnas en noviembre, la ley habilita al Ejecutivo en funciones para actualizar las nóminas de los pensionistas sin que pierdan poder adquisitivo.
El riesgo de que se repitan las elecciones generales ha alimentado la incertidumbre acerca del impacto de la inestabilidad política sobre decisiones como la subida de las pensiones para el próximo año. Se revalorizaron en 2019 el 1,6% con carácter general (igual que la media de la inflación entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018) y el 3% en el caso de las más bajas, de acuerdo con un decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y convalidado en el Congreso con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Ciudadanos.
Aquella subida, promovida por un Gobierno con plenas capacidades, no puede ser automáticamente ampliada a 2020. ¿Puede legalmente impulsarla el Ejecutivo estando en funciones? La respuesta ha dado para distintas interpretaciones estos días. Desde ámbitos como el sindical se ha alertado del riesgo de que, por las limitaciones que establece la ley del Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez tendría las manos atadas y ello conduciría a que las pensiones volvieran a actualizarse según el índice de revalorización que dejó de aplicarse en 2018, que dejaría la subida en el 0,25%.
La lectura del Ministerio de Trabajo es otra. Un portavoz del departamento de Magdalena Valerio enfatizó que el Ejecutivo tiene la convicción de que no será necesario repetir las elecciones, pero remarcó también que, para el supuesto de que se prolongue la interinidad, el Gobierno en funciones se consideraría legalmente facultado para subir las pensiones mediante decreto ley.
La misma fuente invocó el artículo 21 de la ley del Gobierno: "El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Según Trabajo, la actualización de las pensiones para que no haya pérdida de poder adquisitivo encaja en las situaciones de "urgencia" y en las "razones de interés general" que se enuncian.
El asunto tiene contornos jurídicos difusos. Según explica Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, los referidos conceptos de "interés general" y "urgencia" son "indeterminados" y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tendido a opinar que un Gobierno en funciones debe abstenerse de tomar decisiones que vayan a comprometer la gestión del siguiente. Sobre el papel, el aumento de gasto que conlleva la revalorización de las pensiones implica un compromiso económico relevante.
No obstante, Francisco Bastida también ve factible que el equipo de Sánchez, aun no teniendo plenos poderes, pueda acogerse a la excepción del "interés general" para elevar las pensiones por decreto ley y promover a renglón seguido su convalidación en el Congreso de los Diputados. "El Ejecutivo tendría que acreditar el interés general y podría hacerlo sobre todo en el caso de las pensiones más bajas", señaló el catedrático Bastida.
Un movimiento así del Gobierno de Sánchez pondría a la oposición ante la disyuntiva de apoyarlo o no. Se trata de revalorizar los ingresos de casi nueve millones de pensionistas camino de unas nuevas elecciones.
Decreto de actualización
En 2018 y tras desalojar al PP de la Moncloa mediante moción de censura, el equipo de Sánchez sacó adelante su decreto para actualizar las pensiones de 2019 según el IPC con carácter general, subir un 3% las mínimas y las no contributivas y completar la mejora de las prestaciones de viudedad (aumento de la base reguladora del 56% al 60% para las beneficiarias sin otros ingresos y con más de 65 años). Antes, el Gobierno de Mariano Rajoy había aprobado incrementos análogos para 2018 tras sus acuerdos presupuestarios con Ciudadanos y el PNV.
El decreto para 2019 establecía además que en el plazo de seis meses se fijaría un criterio estable para la actualización de las pensiones con arreglo al IPC y previa negociación en la Comisión del Pacto de Toledo. No hubo acuerdo y los acontecimientos políticos posteriores (convocatoria electoral, consecuente disolución de las Cortes y bloqueo en la investidura de presidente) dejaron varada la aprobación de un nuevo mecanismo de revalorización.
