El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha promovido una reunión con la Secretaría de Estado de Turismo y con los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para abordar el anuncio de Ryanair de cerrar desde enero sus bases en los aeropuertos del Archipiélago.

Así lo informó ayer el consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en Tenerife. Pérez explicó que el gabinete que preside Torres quiere coordinar las acciones que, "en la medida de lo posible", puedan desarrollar las instituciones canarias, puesto que la compañía aérea es una empresa privada. La clausura de las bases que la aerolínea tiene en la región, apuntó, puede tener efectos negativos para los puestos de trabajo, pero en principio no tiene por qué perjudicar la conectividad de las Islas, aunque la Administración autonómica estará "atenta" por si se producen afecciones, informó Europa Press.

"No hay ningún anuncio de que las líneas se reduzcan", dijo Pérez, que luego agregó que, si bien al Gobierno canario le preocupa la conectividad, ya que es la aerolínea que "más transporta" -más de 3,2 millones de pasajeros en 2018-, lo que le inquieta es el empleo". Por ello, señaló, el Ejecutivo convocará una reunión con todas las partes interesadas para ver "a qué obedece la decisión de la compañía que, de vez en cuando, da sobresaltos".

También el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, pidió ayer un encuentro con Torres y con el Cabildo grancanario para plantear las "líneas de actuación" que podrían desarrollarse ante la amenaza de la aerolínea de bajo coste. A diferencia del portavoz del Gobierno, Martín sí ve posible que se produzcan consecuencias sobre la conectividad -la desaparición de los vuelos que salen de Canarias a primera hora de la mañana-, aunque coincidió en que el empleo recibiría el mayor impacto, en forma de recorte de la plantilla o reubicación de trabajadores.

El presidente de la corporación tinerfeña incidió, a través de un comunicado, en que el origen del problema reside en un "desencuentro" entre la empresa y los sindicatos que se hizo público el pasado enero, sin que entonces "el anterior equipo de gobierno realizara ninguna acción que pudiera contrarrestar la reducción de la actividad de la compañía en la Isla", afirmó. La decisión de la aerolínea ha llevado a los sindicatos -a los que fue comunicada- a anunciar una convocatoria de huelga.

Ryanair ya avanzó hace unos meses posibles ajustes en sus bases por la evolución del negocio derivada de la incertidumbre del brexit, tras incrementos más moderados que en las temporadas anteriores y por debajo del crecimiento del 8% previsto en el conjunto de Europa, a lo que se añade el impacto por el retraso en las entregas del pedido de 30 aviones 373 MAX.

La plantilla asegura que la empresa se va el 8 de enero

Una representación de la dirección de Ryanair en Irlanda se trasladó ayer a los aeropuertos de Las Palmas y Tenerife Sur para mantener asambleas en ambas sedes, tanto con tripulantes de cabina como con pilotos. En ellas, "Ryanair nos ha informado de que cerrará las bases el 8 de enero y que no tiene ninguna intención de reabrirlas a medio plazo. Nos ha tratado de amedrentar anunciándonos que habrá despidos en enero, sin garantizar la posibilidad de recolocación. No cuantifican esos despidos, pero aquí hay 200 trabajadores", dice Jairo Gonzalo, secretario de Organización de la sección sindical de USO en Ryanair y tripulante de cabina de Tenerife Sur en un comunicado.

Entre las supuestas justificaciones que Ryanair ha utilizado en las asambleas están "que, según ellos, el próximo año tendrá 30 aviones menos y ha decidido moverlos de las bases menos rentables y recolocarlos en otros países y aeropuertos con planes de crecimiento. Como si fuera posible justificar que Canarias es poco rentable, cuando todos los aviones están llenos y los billetes vendidos con muchísima antelación", continúa Gonzalo en el comunicado.

Según explica el responsable de USO-Ryanair, "podrían estar usando esta situación para presionar a los gobiernos y conseguir subvenciones. El director de Estrategias de Recursos Humanos ha dejado caer que la idea de cerrar podría cambiar si se recibiese algún tipo de ayuda económica, en un sucio chantaje hacia las plantillas".