Los representantes de los trabajadores del hotel Oliva Beach de Fuerteventura solicitaron ayer a la cadena RIU, propietaria del establecimiento hotelero, un aplazamiento de dos meses antes de proceder a tramitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a un total de 383 empleados. El comité de empresa pretende ganar tiempo y solicitar la mediación de las instituciones públicas para el desbloqueo de la licencia de rehabilitación del complejo hotelero, que se encuentra atascada en el Ministerio para la Transición Ecológica desde diciembre de 2017. Los representantes sindicales no descartan desplazarse a Madrid, plantarse ante el edificio ministerial "y dormir delante de sus puertas si fuera necesario", según anunciaron varios sindicalistas.

Una representación de la cadena hotelera, compuesta por Feliciano Casado, consejero de la zona Atlántica; Juan Álvarez, delegado de zona en Fuerteventura; Sergio Lobenstein, director de Operaciones; Fabrizzio Congiu y Águedo Montañez, miembros del equipo directivo del hotel Oliva Beach; Francisco Jorge, responsable de Recursos Humanos, así como Águeda Borges y Yeray Rodríguez, abogados del departamento jurídico de RIU Canarias, mantuvo un encuentro con los representantes de los trabajadores.

En el comité de empresa hay representación de Intersindical Canaria, UGT y Comisiones Obreras. Además, participó en la reunión Adrián Fernández, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, trabajador del establecimiento y también miembro del citado comité.

Los trabajadores consideran inaceptable el bloqueo del proyecto de remodelación del hotel desde hace 19 meses y que la Dirección General de Costas de Canarias, que podía haberlo resuelto en el Archipiélago, lo haya remitido a Madrid. Los representantes de RIU anunciaron a los trabajadores que están redactando los informes económicos con el fin de poder iniciar a la mayor brevedad el ERE, que incluye un número, indeterminado aún, de despidos.