Fuerteventura se moviliza para evitar el expediente de regulación de empleo (ERE) y posible cierre del hotel Oliva Beach ante la falta de respuesta de Costas para su rehabilitación. El Cabildo insular, el Ayuntamiento de La Oliva, la plataforma vecinal de apoyo a los trabajadores y el comité de empresa están constituyendo una comisión conjunta para solicitar una reunión con la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, a fin de conocer de primera mano la situación real del expediente administrativo y qué obstáculos impiden que salga adelante. Junto a esta actuación, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, realizará hoy gestiones en Madrid en relación con la situación del Oliva Beach. La cadena hotelera ha llegado al colmo de su paciencia ante la falta de respuesta. Águeda Borges, responsable de los servicios jurídicos del grupo mallorquín en Canarias, responsabiliza directamente a las administraciones públicas competentes "que no han sabido dar una respuesta ágil a este expediente, habiéndoles puesto sobre aviso de lo perentorio e importante que es para Fuerteventura, para Canarias y para el sector turístico".
Pero la irritación de Borges se centra sobre todo en la Demarcación de Costas de Canarias y en la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo que tiene que aprobar la solicitud del proyecto de rehabilitación para que después el Ayuntamiento y el Cabildo puedan otorgar las licencias correspondientes. La también responsable de Relaciones Institucionales de Riu critica la "opacidad" que ha existido desde el primer momento por parte de Costas y los impedimentos puestos para que la empresa pueda acceder al expediente. En este sentido, incluso acusa al organismo en Canarias de "rayar en la falsedad" en un informe que se remitió a Madrid y en el que el departamento advierte que el proyecto no tiene encaje e incumple la concesión para ocupar el dominio público que fue otorgada a la empresa hotelera.
Sin incrementos
La dirigente de Riu explica que ni se incrementa el volumen edificatorio ni se reconstruyen las demoliciones previstas en el proyecto. "Hemos hecho lo que nos dijeron para cumplir la Ley de Costas, no hay cambio de la foto fija del establecimiento sino una redistribución interna que no afecta en nada al dominio público", añade.
Riu acumula pérdidas por 1,2 millones mientras paga un cánon cercano a los dos millones anuales a Costas, además de casi dos años de trámites y esperas, cancelación de reservas, un hotel que se ha quedado obsoleto y un nuevo invierno en el que tampoco estará a pleno rendimiento.
