La organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a tres restaurantes, uno en Gran Canaria y dos en Lanzarote, por no incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en sus cartas, lo que ha motivado que el Negociado de Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias (dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes) abriera un expediente sancionador a estos establecimientos.

En concreto, y según expone Facua los restaurantes sancionados son El Pescador y Playa Quemada, en la isla de Lanzarote, y Bella Pasta, en Gran Canaria, por no incluir los impuestos en sus cartas de precios. De este modo, se suman a los establecimiento ya denunciados, La Bohemia y Divina Italia, a los que la Administración regional abrió expediente sancionador en marzo.

Así, la asociación denunció a estos tres restaurantes a instancias de su Delegación Territorial en Canarias, tras detectar que las cartas de dichos establecimientos no indicaba los precios con el IGIC incluido, como es obligatorio.

En concreto, Facua recuerda el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla en su artículo 11 que "todos los precios que figuren en las cartas y listas de precios deberán incluir el IGIC", además de estar "visible la expresión 'IGIC incluido'".

También hace mención a lo recogido en el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias, que refleja que en "todos los productos se debe ofrecer información sobre el precio total que están obligados a satisfacer para su adquisición con inclusión de toda carga, tributo o gravamen".

Por su parte, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge, en el artículo 60, la obligatoriedad de incluir "el precio total, incluidos todos los impuestos y tasas".

Finalmente, indica que la apertura de expediente "no presupone que concluya en sanción" y la organización recuerda en su denuncia que el propio Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias señala como infracción leve "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios" y establece sanciones de "hasta 3.000 euros".