El Servicio Canario de Empleo (SCE) dedicará casi 4,2 millones de euros a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen itinerarios para favorecer la inserción laboral de personas en desventaja social; en concreto, personas en riesgo de exclusión social, desempleadas con discapacidad o inmigrantes. La convocatoria fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En la actualidad, 426 personas siguen alguno de los itinerarios que las entidades presentaron en la edición anterior, en la que se adjudicaron 29 proyectos por un valor total de algo más de cuatro millones de euros. Estas asociaciones están atendiendo a 261 personas en riesgo de exclusión social, 150 desempleadas con discapacidad y 15 inmigrantes. Al finalizar el proyecto, al menos 136 del total de participantes accederán a un puesto de trabajo.

La consejera de Empleo en funciones, Cristina Valido, explica en un comunicado que "este es uno de los diversos programas que impulsa el SCE para llegar a las personas con más dificultades, con escasa o nula formación y que a menudo carecen de habilidades y no se pueden incluir en otros programas de subvenciones y ayudas de formación para el empleo". Los itinerarios integrados de inserción laboral están enmarcadas dentro del Fondo Social Europeo y contribuyen a que el Gobierno de Canarias promueva la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, con discapacidad e inmigrantes.

Los proyectos que desarrollan las entidades, y que deben tener como mínimo un total de mil horas, comienzan con la acogida y diagnóstico de cada caso, prosiguen con una acción formativa adaptada a sus particularidades y necesidades, posteriormente se le apoya para favorecer su inserción laboral con técnicas de búsqueda de empleo y se le gestionan prácticas no laborales en empresas.

Los destinatarios de estos itinerarios de inserción son personas en desventaja social que estén paradas e inscritas en la oficina de empleo y que se encuentren dentro de los colectivos de personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Más del 55% de las personas destinatarias del proyecto deberán ser mujeres. Dentro de este colectivo se priorizará a quienes hayan sido víctimas de violencia de género.