19 de junio de 2019
19.06.2019

El empleo en negro en las obras no cede pese a la mejora del sector

La patronal de la construcción cifra en el 29% el peso de la economía sumergida

19.06.2019 | 00:41
Fepeco sostiene que la mayoría de las obras domésticas se ejecutan al margen de la legalidad.

El auge de las reformas y la prohibición de inspeccionar los domicilios impulsan la irregularidad

Los empresarios de la construcción se sienten "acosados" por la proliferación de la economía sumergida. La patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) aseguró ayer que las actividades irregulares no han menguado pese a la recuperación que vive el sector tras su desplome durante los años de la crisis. A juicio de su presidente, Óscar Izquierdo, es más bien al contrario: al estar sustentada en las obras de reforma y rehabilitación, la mejora ha impulsado el trabajo en negro, favorecido también por la imposibilidad para la Inspección de Trabajo de acceder a los domicilios particulares.

Fepeco admite que cuantificar el peso de la actividad no declarada en el sector es complejo, pero apunta a que puede rondar el 29%, una estimación que no varía demasiado de las que se barajaban durante la crisis. La explicación, según Izquierdo, es que "las mismas personas que usaban la crisis como excusa para estar en la economía sumergida siguen en ella". El representante de los empresarios opina que quienes están en esta situación "se encuentran cómodamente instalados en ella" y, "por muchos incentivos que se les ofrezcan", no la abandonarán porque "consiguen beneficios a través de la competencia desleal".

La extensión de este fenómeno es de tal magnitud que, para la patronal, las obras domésticas -arreglos o modernización de cocinas y baños, pintura o pequeñas reformas integrales de las viviendas- se están ejecutando de forma mayoritaria desde la ilegalidad.

El trabajo de las administraciones públicas en esta materia y, en concreto, de la Inspección de Trabajo es "significativo, dentro de la capacidad y de los medios que tiene". Sin embargo, "no es suficiente", advierte el presidente de Fepeco. ¿Qué hacer, entonces, si los incentivos no surten efecto y la actuación administrativa se queda corta? "La economía sumergida acabará cuando sea rechazada por la sociedad como la actividad dañina que es", sentencia Izquierdo, que lanza dos consejos a los ciudadanos que contraten los servicios de una empresa constructora: comprobar que esta es legal y pedir "siempre" factura. La organización propone, en este sentido, que se lleve a cabo "una campaña de concienciación ciudadana".

Además de los perjuicios a las empresas que cumplen -"hay pymes abocadas al cierre", dice-, la economía irregular redunda también en "unas relaciones laborales injustas". "Es la causa principal de los abusos: explotación, pagos por debajo del convenio...", denuncia el dirigente empresarial, para el que estas prácticas "no se podrían dar" en las empresas legales.

En el lado sindical también se percibe el elevado volumen de la economía sumergida en la construcción. "No es algo nuevo, pero engordó durante la crisis", constata Luis Aragón, vicesecretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Canarias. "El problema está en las pequeñas obras de reforma y mejora en viviendas particulares", donde la Inspección de Trabajo "no puede actuar". "Ahí hay un descontrol", advierte. La Inspección "no tiene herramientas" ante una situación que florece especialmente en fechas veraniegas, cuando abundan "las obritas" en los domicilios y comunidades de propietarios.

Aragón extiende el concepto de economía irregular a otros ámbitos, como el de las subcontratas de grandes empresas, en las que, a su juicio, el control es aparente, pero "no real". En estas firmas es habitual, señala, que se deje de pagar a los trabajadores o que se les dé de baja cuando solo faltan unos pocos días para finalizar la obra, de manera que se ahorran cotizaciones sociales y otras obligaciones, detalla el representante sindical.

La mayor cifra de ocupados en once años

Casi 26.000 trabajadores de la construcción estaban afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el pasado mayo, el mayor volumen desde el mismo mes de 2008. Y podrían ser más, al menos desde el punto de vista del presidente de la patronal de la provincia, Óscar Izquierdo, quien sostiene que la actividad de empresas que operan al margen de la legalidad impide la creación de más empleo en el sector. Quienes actúan en la irregularidad se ahorran costes en impuestos y cotizaciones sociales, con lo que pueden ofrecer presupuestos más competitivos que resultan inviables para las legales.

Fepeco destaca que la construcción "continúa generando empleo constante y de forma sostenible en los últimos cinco años". El incremento de cotizantes a la Seguridad Social en la provincia entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2019 ha sido de 7.100 personas, lo que representa un alza del 37,83%.

Si las empresas legales ven limitados su margen de actividad y sus ingresos debido a la competencia desleal de las que no declaran, tendrán menos posibilidades de contratar nuevo personal, recalca Izquierdo, que considera necesario "concienciar de que la economía sumergida causa mucho daño, no solo a las empresas, sino también a los trabajadores".

"Los ciudadanos tienen que saber que cuando recurren a la economía sumergida corren riesgos personales e incluso penales", afirma el presidente de la organización empresarial. La falta de garantías y los problemas de seguridad son algunos de los peligros que afrontan las familias que confían las reformas de sus hogares a las empresas que operan al margen de la normativa.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook