Han tardado, pero ya están aquí. El Gobierno de Canarias dispone desde la semana pasada de la totalidad de los fondos destinados a subvencionar la obtención de agua para el riego agrícola y paliar su sobrecoste, una medida incluida en los presupuestos generales del Estado de 2018 y cuyo incumplimiento se ha retrasado hasta el punto de convertirse en un episodio más de la historia de fricciones entre los ejecutivos regional y central y dar lugar a la convocatoria de manifestaciones en el sector agrario, finalmente aplazadas.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario recibió la mayor parte de los ocho millones de euros que suma el total del dinero comprometido -7,7 millones- el 21 de mayo, una semana antes de las elecciones autonómicas y locales. El resto -300.000 euros- llegaron hace tan solo unos días, concretamente el 12 de junio, indicaron ayer fuentes del departamento que dirige Narvay Quintero. El real decreto que regulaba las subvenciones fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último día de marzo.
Desde que el Ministerio de Transición Ecológica anunciara la transferencia de los fondos, la Consejería trabaja en la elaboración de la convocatoria de ayudas. En este momento, el documento se encuentra solo a la espera del informe de Intervención para ser firmado y publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), algo que Agricultura espera que se produzca la próxima semana y, en cualquier caso, antes de que termine el mes.
Las ayudas a la obtención de agua de riego -a través de galerías y pozos y de depuración y desalación- no solo han estado contempladas en los presupuestos estatales de 2017 y 2018 -a través de una enmienda promovida por Nueva Canarias-, sino que también disfrutan del blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF). Su objetivo es abaratar el elevado coste que supone conseguir recursos hídricos para el campo en el Archipiélago, el doble o incluso el triple que en la Península.
Comunidades de regantes, cooperativas y empresas agrícolas que posean pozos o galerías y administraciones públicas -como los consejos insulares de aguas de los cabildos- son los principales destinatarios de estas subvenciones, que en su primera convocatoria -correspondiente al ejercicio 2017, pero resuelta de forma definitiva en marzo de 2019- llegaron a 28 entidades. "Después de la experiencia de la anterior, esta convocatoria se va a tramitar mucho más rápido, tal y como habíamos anunciado", aseguró ayer Narvay Quintero
El consejero regional de Agricultura recordó que la ayuda debe repercutir "obligatoriamente" en el precio que pagan por el agua los agricultores de las Islas, por lo que los beneficiarios han de demostrar que han abaratado su coste. "Canarias no dispone de embalses, o de ríos, de recursos hídricos igual de accesibles para los profesionales del campo. Así pues, debemos ser capaces de generar las herramientas para que los agricultores y ganaderos compitan en igualdad de condiciones con los de la Península", subrayó Quintero.
El titular del departamento autonómico de Agricultura precisó que esta línea de ayudas "debe complementarse con las inversiones ya en marcha en el plan de regadíos de Canarias y con el desarrollo de la planificación hidrológica, diseñada por el Gobierno y los cabildos". Según Quintero, este conjunto de actuaciones "pondrá a disposición del sector primario muchos más recursos hídricos estables, en cuanto a calidad y cantidad, en los próximos años.", además de favorecer mejores condiciones medioambientales en la gestión del agua.
El sector primario del Archipiélago dio la voz de alerta cuando se acercaba el final de 2018 sin que el Gobierno central hubiese transferido a Canarias los ocho millones de euros incluidos en las cuentas estatales de ese año. Ya vencido el ejercicio -en febrero de 2019-, la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó a dar por perdidos los fondos al entender que la enmienda en que se recogían decaía con la prórroga de los presupuestos.
Sin embargo, y tras una serie de vaivenes que encendieron los ánimos del campo isleño y del Ejecutivo canario, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regulaba la concesión de las ayudas. Su publicación en el BOE originó la desconvocatoria de las manifestaciones de protesta convocadas por las organizaciones agrarias, pero desde ese momento hasta el traspaso de la totalidad del dinero comprometido han transcurrido casi tres meses.
