18 de junio de 2019
18.06.2019

Canarias abonó más de medio año la paga no contributiva a 19 muertos

Dos fallecidos que percibían ayudas del Imserso por jubilación o invalidez seguían cobrando más de un año después del deceso

18.06.2019 | 01:25
Un jubilado pasea por una calle de las Islas.

El Gobierno asegura que se han subsanado los errores

¿Es posible estar muerto y cobrar una prestación social? La respuesta la da el mismo Tribunal de Cuentas, y sí, es posible. Es más, hay fallecidos que continúan recibiendo la paga durante varios meses y hasta años después de su deceso. En Canarias son decenas los casos de difuntos a los que se les sigue abonando la prestación no contributiva, o cuando menos así ha ocurrido en años anteriores. De hecho, hasta 19 canarios que percibían este tipo de subsidio de jubilación o invalidez continuaron recibiendo puntualmente las pagas más de seis meses después de su muerte. Y en dos de estos casos la situación se prolongó al menos 13 meses, es decir, durante más de un año.

Desde el Gobierno de Canarias explicaron ayer que los controles han mejorado notablemente en los últimos tiempos y que actualmente ya no se dan anomalías de este tipo. En 2016, que es hasta donde abarca la última fiscalización pública de estas prestaciones, el Archipiélago fue la cuarta región del país que más nóminas de fallecidos siguió tramitando. El dinero, eso sí, se ha recuperado ya en su totalidad.

El Tribunal de Cuentas publicó la semana pasada su Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Imserso. El informe abarca el análisis de lo ocurrido en cada comunidad autónoma durante 2016 con las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Se trata de prestaciones que se financian con transferencias de los presupuestos generales del Estado a los de la Seguridad Social, un dinero que se traslada luego a las cuentas del Imserso.

Pero aunque los fondos que mensualmente se pagan a los beneficiarios salen de los recursos del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, son las autonomías las encargadas de la gestión de las prestaciones. La fiscalización del Tribunal de Cuentas evalúa así, en el caso de Canarias, la labor gestora de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que dirige en funciones la nacionalista Cristina Valido y al frente de la cual estaba en 2016 la ahora alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández. El mismo Tribunal de Cuentas adelantó tras la publicación del informe que en Canarias hubo ese año 134 casos de fallecidos a los que se siguió pagando tras su muerte.

Del análisis de la investigación se desprende, sin embargo, que los agujeros y deficiencias en la gestión de las prestaciones no contributivas van más allá de esos 134 expedientes. El informe detalla que puede considerarse "normal" que los órganos gestores de las comunidades autónomas tengan conocimiento de la muerte del beneficiario uno o dos meses después del deceso, de ahí que puedan seguir abonándose una o dos mensualidades que luego se recuperan. Menos normal es que esta situación se prolongue durante más tiempo, que es lo que ocurrió en las Islas con hasta 63 expedientes. La Consejería de Políticas Sociales estuvo tramitando las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de hasta 44 fallecidos entre tres y cinco meses después de su muerte. Y en 19 casos siguió librando el pago al menos hasta medio año después del deceso. En 17 de ellos entre seis meses y un año y en los otros dos entre un mínimo de 13 meses y un máximo de cuatro años. Los 134 canarios que siguieron cobrando su paga en 2016 a pesar de haber fallecido sitúan al Archipiélago como la cuarta región con más errores del país, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (234), Andalucía (186) y Galicia (208). En toda España se contabilizaron 1.096 casos.

Las cantidades abonadas indebidamente a esos 134 muertos ascendieron a, exactamente, 154.864,21 euros. A fecha de publicación del informe solo faltaban por recuperar 830,84 euros, una cuantía que también se ha recuperado ya, según aseguraron desde la Consejería. La cuantía de las nóminas abonadas indebidamente en todo el país supera los 11 millones de euros. A diferencia de en Canarias, solo se han recuperado 2,2 millones del total pagado indebidamente en el país.

Eulalia García, directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias y que ha asumido también las competencias de Políticas Sociales e Inmigración tras la salida de María de los Reyes Henríquez al Ayuntamiento de La Laguna, aseguró que en estos momentos se lleva a cabo un "control diario" de los expedientes. El "cruce" de la información se realiza día tras día con la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de ahí que en estos momentos se haya minimizado al máximo el riesgo de que puedan seguir librándose nóminas en favor de personas ya fallecidas.

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