15 de junio de 2019
15.06.2019

Más de 28.000 familias vulnerables disponen del bono social eléctrico

Casi la mitad de los beneficiarios tienen cubierto el 100% del coste energético al estar en situación de vulnerabilidad severa

15.06.2019 | 08:39
El bono social eléctrico busca combatir la pobreza energética.

El Estado no ha modificado aún el sistema de acceso

La facturación genera una de cada cuatro reclamaciones

Una cuarta parte de las 746 reclamaciones recibidas en 2018 por el servicio de Instalaciones Energéticas de la Consejería de Economía e Industria del Gobierno canario estuvo motivada por discrepancias con la facturación por parte de las compañías. Los fallos en los contadores y los retrasos en las acometidas eléctricas se situaron a continuación, con un 20% del total cada uno. Los riesgos eléctricos y las reformas concentraron un 15% de las quejas formuladas en el servicio, los cortes de suministro un 10% y los fraudes un 5%, en tanto que el 5% restante corresponde al apartado otros. Las reclamaciones relacionadas con el servicio eléctrico presentadas a la Consejería el año pasado se incrementaron un 14% en relación a 2017. Por su parte, las consultas realizadas -tanto por vía telefónica (en el 012) como por correo electrónico- rondaron las 3.300.

El nuevo bono social eléctrico, con el que se persigue prevenir la pobreza energética, beneficia en Canarias a 28.244 unidades familiares, una cantidad sustancialmente superior a la que se preveía en los momentos previos a su puesta en marcha. Algo menos de la mitad del total de los contratos -13.465- corresponden a familias y usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad severa, por lo que tienen cubierto el 100% de la factura eléctrica de sus hogares.

Según datos del servicio de Instalaciones Energéticas de la Consejería de Economía e Industria del Gobierno autonómico, la mayoría de los usuarios del bono social, 19.518, accedieron a él al cumplir los criterios de renta establecidos. De ellos, 10.741 están en vulnerabilidad severa y 8.777 en situación de vulnerabilidad. A este colectivo se suman 5.733 familias numerosas -4.026 vulnerables y 1.707 en vulnerabilidad grave- y 2.993 pensionistas -1.976 en situación de vulnerabilidad y 1.017 en vulnerabilidad severa-, a tenor de las cifras referidas al pasado 31 de mayo.

El bono social entró en vigor en todo el país a finales de 2017, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, pero las lagunas detectadas durante su primer año de aplicación llevaron al Ministerio de Transición Ecológica -entonces ya en manos del PSOE- a reformarlo, con el objetivo de ampliar el colectivo de beneficiarios y agilizar su tramitación. En Canarias, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno regional, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y Endesa establecieron mediante un convenio las condiciones para acceder a las ayudas. El acuerdo incluía la previsión de que ninguna familia sea objeto de un corte del suministro y de que las que viven situaciones de vulnerabilidad severa tengan cubierto el 100% de su factura gracias a la aportación conjunta de la compañía eléctrica (50%), el Ejecutivo (25%) y la federación municipalista (25%). Endesa cifró entonces en alrededor de 18.000 los potenciales usuarios de la medida.

Los primeros momentos de la aplicación del nuevo bono social eléctrico han estado caracterizados por los desajustes en el acceso a la bonificación. Tanto es así que un grupo de comunidades autónomas, entre ellas el Archipiélago, pidió en marzo al Ministerio que simplificase el sistema ante la evidencia de que unos 26.000 usuarios -según datos de febrero- habían visto desestimadas sus solicitudes por problemas en la verificación de la documentación presentada. El Estado se comprometió entonces a acometer una revisión del procedimiento con el fin de hacerlo más ágil y sencillo para los ciudadanos, pero esta modificación aún no se ha llevado a cabo.

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