13 de junio de 2019
13.06.2019

La Autoridad Fiscal critica la escasa evaluación de las políticas de empleo

La AIReF ve un "amplio margen de mejora" en la gestión de los más de 6.000 millones de euros que se destinan en España a favorecer la inserción en el mercado de trabajo de los parados

13.06.2019 | 06:14

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata un "amplio margen de mejora" en la gobernanza y la eficacia de los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que calcula que se gastaron en España en políticas activas de empleo, ya que presentan "claras deficiencias" que cuestionan la calidad del gasto, por lo que propone implementar herramientas de perfilado, incorporar la evaluación como práctica habitual y diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales.

Además, aboga por revisar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y cuestiona el elevado porcentaje del gasto en este tipo de políticas que se destina a incentivos a la contratación (40%). Así se desprende del tercer estudio de la revisión del gasto público sobre los programas de políticas activas de empleo, que revela que "no es posible" conocer la cifra exacta del importe que se destina a las políticas activas de empleo, ante la complejidad administrativa, aunque estima una horquilla de entre 6.100 y 6.500 millones de euros.

El organismo apunta que con respecto al PIB España tiene un gasto similar a otros países de la UE, pero si se tiene en cuenta el número de desempleados, este gasto se reduce "significativamente" y además presenta una estructura "muy sesgada" hacia los incentivos a la contratación. En concreto, en torno al 40% del gasto en políticas activas se dirige a incentivos a la contratación, un 25% a formación, un 20% a otros, como creación de empleo público o apoyo al emprendimiento, y el 15% restante a orientación.

"No parece que los incentivos a la contratación sean las políticas activas de empleo más adecuadas", avisa la AIReF, que recuerda que en países como Alemania estos incentivos representan menos del 20% del gasto. En cambio, entiende que la orientación derivada de las políticas activas de empleo funciona "relativamente bien" y es la menos costosa, aunque sus efectos se constatan más en el medio plazo.

Asimismo, la Autoridad Fiscal ve "bastante cuestionable" el sistema de subvenciones para formación, ya que al ser sin ánimo de lucro el proceso de gestión se caracteriza porque hay que acreditar ingresos, facturas y beneficios, que deben ir retornando a la Administración, pero si se producen pérdidas las asume el centro de formación. Esto, asegura la AIReF, podría causar "incrementos artificiales" en el volumen o el importe de las facturas que se adjuntan, aunque se audita, y en conjunto genera "lentitud".

La dificultad para estimar el gasto real de las PAE es a su vez el reflejo de la complejidad administrativa del sistema y de elevada "atomización" en la prestación de servicios, apunta el informe, que muestra que existen 709 oficinas de empleo, 22 centros de referencia de formación, 164 centros integrados de Formación Profesional y 14.000 centros habilitados.

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