Desde diciembre de 2007, cuando la crisis de las economías occidentales era una amenaza cierta que aún no dejaba intuir la intensidad con que golpearía a España, 571 oficinas bancarias han echado el cierre en el Archipiélago. Casi cuatro de cada diez, el 38,89% para ser exactos. Un reflejo del recorte que se ha producido en todo el país, el mayor de entre las grandes economías de la Unión Europea (UE) medido en términos porcentuales.
Una oficina a escasos metros de donde se situaba la de la competencia fue la estrategia puesta en práctica cuando las vacas gordas permitían conceder créditos por aspersión. Ese crecimiento al galope elevó el grado de bancarización de España por encima del de los países de su entorno.
Gran parte de los préstamos estaban vinculados al sector inmobiliario, bien para proveedores, o bien para familias. Esa sobreexposición al ladrillo sumó de manera definitiva para que el golpe que a la postre se produjo ganara en intensidad.
Una apuesta tan decantada en los años en que la burbuja parecía que iba a crecer eternamente carcomió los balances de las entidades, singularmente los de las cajas de ahorros. De nada sirvió intentar darles músculo mediante fusiones como la que se llevó por el sumidero de la primera Bankia, la de Rodrigo Rato, el patrimonio de La Caja de Canarias.
En la provincia tinerfeña, CajaCanarias se integraba en Banca Cívica, a la postre adquirida por CaixaBank. Y volviendo a la de Las Palmas, su cooperativa de crédito decidía sumarse a Cajamar.
En medio de todos estos movimientos, que aún no han terminado, se han ido a la calle 100.000 trabajadores en todo el Estado, unos 2.800 en el Archipiélago. En su mayoría, bien indemnizados. A cambio, ha mejorado la productividad del sector y la eficiencia se ha deteriorado, aunque menos que en los competidores del continente.
Datos elocuentes
Los datos son elocuentes y figuran en un estudio elaborado por Ángel Berges, Federica Troiana y Fernando Rojas, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), para el último número de Cuadernos de Información Económica que publica la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
El número de empleados de banca en España se ha reducido en la década comprendida entre 2007, cuando empieza la crisis, y 2017, en un 31,6%. El ajuste multiplica por más de diez el de Francia (3,1%), y es también muy superior al de Alemania (8,1%) e Italia (12,8%). Si el recuento se hace por oficinas, sucede algo parecido: un 38%?en España por un 2,9% en Francia, un 17,6% en Alemania y un 19,4% en Italia. Esto quiere decir que España, que ha cerrado casi 10.500 oficinas, tenía en 2007 tantas o más sucursales que los otros tres países por mucho que todos ellos estén mucho más poblados.
El informe de Berges, Troiana y Rojas detalla tres fases en el ajuste bancario español. Una primera entre los años 2009 y 2012 en la que el ritmo de cierres era "muy lento", una etapa en la que parecía que la actividad bancaria se resistía a aceptar su derrota, parcial pero de gran tamaño; las fusiones de cajas "tenían escasas redundancias". En la segunda-entre 2012 y 2013-, la autoridad bancaria europea y el Banco de España apretó con las exigencias, sobre todo a las entidades nacionalizadas lo que motivó una aceleración de la reestructuración.
La tercera "se inicia en 2015 y está muy lejos de terminar". Los tipos "ultrarreducidos" y la irrupción de la banca digital, que exige una revolución tecnológica de enorme calado, no dejan intuir aún cuando la banca tomará velocidad de crucero.
Los autores explican que el ajuste era necesario para mejorar la productividad en un contexto de fuerte descenso del volumen de negocio, definido este como la suma de la inversión crediticia y los recursos de clientes, tanto en depósitos como en fondos de inversión, planes de pensiones o seguros. La reducción crediticia ha sido más intensa por el desapalancamiento del sector privado, que no ha concluido.
Los ajustes de oficinas y empleados han permitido mejorar sustancialmente la productividad en la medida en que han sido más intensos que el descenso registrado en el volumen de negocio, afirman Berges, Troiana y Rojas. No obstante, añaden que una productividad basada solo en el volumen de negocio sería totalmente errónea, porque también se ha producido una intensa caída de la rentabilidad.
La mayor aportación de las comisiones, sobre todo en operaciones fuera de balance, "no ha sido suficiente para compensar el fuerte descenso del margen de intermediación" que ha provocado el signo negativo que va delante de los tipos de interés.
En consecuencia, la productividad "apenas ha mejorado cuando se mide en términos de margen por empleado u oficina". Se trata de "un estancamiento" paralelo a un incremento en los gastos unitarios, cuya "resultante agregada es un claro deterioro de la eficiencia", aunque "menos que en los grandes países".
El informe detalla también que hay dos factores que explican la dicotomía entre ajuste de capacidad y reducción de gastos. Los costes laborales han crecido un 10% en el periodo y eso se debe a que el recorte laboral se ha centrado más en las oficinas que en los servicios centrales, donde los costes eran mayores, y al tratamiento contable de los costes asociados a los despidos; en particular a las indemnizaciones pactadas en ERE y prejubilaciones, que dilatan la materialización del ahorro por la vía del recorte de plantilla. El otro son los gastos asociados a la inversión en tecnología para volcarse en lo digital.
