Los catorce millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977 (la generación del boom), y que suponen casi un tercio de la población nacional, empezarán a jubilarse en 2023, y esto -alertó Moody's en noviembre- tensará el desajuste del sistema público de pensiones, hoy con un déficit de 17.088 millones. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) cree que el impacto se aliviará con la mejora del mercado laboral y la inmigración. Pero el Banco de España llamó el martes a afrontar los desafíos con urgencia y actuando tanto sobre los ingresos como sobre los gastos del sistema, asegurando tanto la suficiencia de las prestaciones como la sostenibilidad financiera del modelo.
La pirámide demográfica española va lentamente camino de invertirse. Los españoles con 40 a 44 años de edad suman 4,1 millones pero quien han de garantizar algún día sus pensiones (los de menos de cinco años) sólo suman 2,1 millones.
La tasa de dependencia (la ratio de población de más de 55 años frente a los que están en edad de trabajar) se duplicará 30 años. Según el Ministerio de Economía, subirá del 28,6% actual al 61,9% en 2050 para bajar al 46,6% en 2070, con una población estimada para España por Eurostat en esa fecha de 50 millones de habitantes.
En su informe anual, el Banco de España plantea que o hay ingresos adicionales (con más impuestos o recortando de otras partidas del presupuesto) o aumenta la tasa de empleo o se reduce la prestación. La otra alternativa sería que el déficit público español se disparase. Pero esto acrecentaría la deuda pública, que ya supone 1,199 billones (el 98% del PIB) y cuyos intereses se llevan cada año cerca de 30.000 millones de euros en pagar a nuestros prestamistas pese a los bajísimos tipos de interés.
El gasto anual actual en pensiones suma 140.000 millones. Equivale al 30% del gasto público español, que es el undécimo más austero de la UE en relación al PIB propio. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC representaría un esfuerzo adicional en las próximas décadas de 327.000 millones, según Fedea. Pero lo contrario empobrecería a una población numerosa. Hoy hay 8,1 millones de pensionistas y el 12% (1,03 millones) está en riesgo de pobreza, según Eurostat. El 32% cobra menos de 8.200 euros anuales, según Gestha.
Airef propone sacar de la Seguridad Social partidas de gasto que no le son propias, pero esto sólo atenuaría el problema. Muchos economistas y el BdE proponen seguir acercando la edad efectiva de jubilación a la oficial (hoy está por debajo) y continuar alargando la etapa laboral en la proporción en que lo haga la esperanza de vida.
La cofinanciación con impuestos encontrará resistencias numantinas. España es el quinto país de los 28 de la Unión Europea que menor proporción de su riqueza nacional recauda en tributos pero los españoles creen que viven en un infierno fiscal y casi todos los partidos prometen bajárselos.
Los pensionistas se quejan de que los jóvenes no apoyen sus movilizaciones en demanda de mejores pensiones porque su lucha -dicen- es también por los futuros perceptores.
Pero los jóvenes intuyen que ellos nunca alcanzarán las prestaciones por las que luchan sus mayores en las calles: tienen empleos precarios y peores salarios que sus padres, y sus carreras de cotización también serán menores. La fractura generacional es incipiente.
