Los juzgados especializados de Canarias que tramitan los casos de cláusulas suelo de las hipotecas llevan, en muchos casos, más de un año de retraso en la resolución de las sentencias. Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) recuerda que en el Archipiélago se han presentado 25.577 demandas, de las cuales, un 58,5% aún están a la espera de solución.

El fracaso de la solución extrajudicial aboca a miles de afectados a acudir a los juzgados especializados, que van con casi año y medio de retraso. En Canarias, en 2017 se registraron más de 10.000 demandas en los juzgados. En 2018, los casos presentados fueron más de 12.000 y solo en el primer trimestre de 2019, los casos casi llegan a los 2.800. De estas demandas, los juzgados especializados han resuelto el 41,5% de los casos, una cifra superior a la media del Estado (35%), pero aún insuficiente, según Adicae, pues cerca de 15.000 personas aún esperan recuperar su dinero.

La asociación detalla que de los 2,5 millones de afectados de cláusulas suelo en España, al menos un millón no ha reclamado lo indebidamente cobrado ni por reclamación extrajudicial ni por vía demanda judicial.

Ante lo que considera un "fracaso" de la solución extrajudicial, Adicae no acudirá a la sexta reunión de la Comisión de Seguimiento de Cláusulas Suelo en protesta por el fracaso del mecanismo extrajudicial que se habilitó en su momento para no saturar los juzgados con demandas.

La asociación se ausentará de la comisión, a la que acude como representante del Consejo de Consumidores y Usuarios, para reivindicar "una solución justa y eficaz en la que la que no domine, como ahora, el criterio de la banca ante la pasividad total del Banco de España y los ministerios de Justicia, Economía, y Sanidad y Consumo", afirma la asociación a través de un comunicado.

En el caso concreto de la solución extrajudicial propuesta por el entonces ministro de Economía Luis de Guindos en enero de 2017, Adicae entiende que "ha quedado de manifiesto que este sistema pseudoarbitral es un fraude de la banca que no consigue paliar el vergonzoso desfile de consumidores ante los juzgados".

Según cálculos de la asociación de usuarios de las entidades financieras y los seguros, la banca debería pagar a cada afectado entre 10.000 y 12.000 euros, mientras que con este mecanismo "fallido" las entidades abonan tan solo 4.500 euros de media.