Canarias es la cuarta comunidad autónoma con una mayor incidencia de la economía sumergida, que supone más de una cuarta parte -el 26,1%, en concreto- de su producto interior bruto (PIB). Así lo ha determinado un estudio de la fundación de cajas de ahorros Funcas, que analiza el alcance y los efectos de la actividad económica irregular y el fraude fiscal en España. El dato relativo al Archipiélago explica que agentes económicos e instituciones hayan puesto manos a la obra para intentar reducir el impacto de la economía sumergida.

La Confederación Provincial de Empresarios (CEOE-Tenerife) y el Cabildo tinerfeño han puesto en marcha el proyecto Minimizar la economía sumergida, que pretende concienciar a las empresas y la sociedad sobre los perjuicios de esta actividad económica, legal en cuanto a su naturaleza pero que no es declarada.

CEOE-Tenerife destaca que se encuentra "altamente involucrada con este asunto de índole socioeconómico". Como muestra de este compromiso, la patronal de la provincia cita la "variedad de actuaciones" que está llevando a cabo: el buzón de denuncias "totalmente anónimo", en colaboración con la Inspección de Trabajo, que promociona en su página oficial; el fomento de contratos bonificados "beneficiosos tanto para empresarios como para trabajadores"; charlas de concienciación en varios centros educativos de la Isla -caso de el IES Daute de Los Silos y el IES Las Galletas de Arona- y el reparto de dossiers y flyers entre pequeñas y medianas empresas (pymes) con el objetivo de informar.

Según CEOE-Tenerife, el propósito de estas intervenciones -que se realizan desde febrero y están incluidas en las acciones para el Fomento de la Competitividad Empresarial de la Economía Insular- es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para así asegurar el estado de bienestar, los derechos de los trabajadores y la competencia "leal" entre operadores económicos.

El peso de la economía irregular y su impacto en las arcas públicas se ponen de relieve con los datos que expone el economista Fridrich Schneider, uno de los mayores especialista en la materia. Según el experto, el dinero gris -el que proviene de actividades legales sin declarar- representa el 18,4% del PIB español, lo que se traduce en unos 200.000 millones de euros. Con un tercio de este montante se podría sufragar el 54% de los gastos en sanidad o liquidar el gasto en educación pública correspondiente a 1,5 años. En cuanto a Canarias, su economía sumergida supone más de 9 millones de euros del PIB nacional.