21 de mayo de 2019
21.05.2019

El cierre de sucursales bancarias devuelve a las Islas a cifras de 1988

Las 897 oficinas que permanecían abiertas a finales de 2018 son la cifra más baja en treinta años

21.05.2019 | 06:11
El número de oficinas bancarias en España alcanzó su máximo histórico a finales de 2008.

Los ERE de CaixaBank y Santander preludian nuevos recortes todavía sin concretar

El número de oficinas bancarias en Canarias es el más bajo de los últimos treinta años. Los datos recogidos por el Banco de España en su Boletín Estadístico revelan que en diciembre de 2018 permanecían abiertas 897 sucursales, el volumen más reducido desde el mismo mes de 1988, cuando se contabilizaban 890. Pese a ello, el Archipiélago ha experimentado en este sentido una evolución más positiva que la del conjunto del país, que apunta a una reducción de más de 7.600 oficinas a lo largo de este periodo. Así, a finales de 2018 se registraban 33.816 y ahora hay 26.166.

La cifra de oficinas alcanzó su máximo en Canarias en septiembre de 2008, con 1.493. Desde entonces, y como ha sucedido en toda España, las fusiones y adquisiciones a través de las cuales se ha reestructurado el sistema financiero tras el shock de la crisis han supuesto el cierre del 40% de las dependencias bancarias de la región, 596 en términos absolutos. El proceso de ajuste y la concentración ha conllevado la desaparición de casi 20.000 sucursales en el país en el mismo periodo. La disminución ha sido del 43%: a finales de 2018 estaban abiertas 26.116 oficinas, mientras que diez años antes el volumen ascendía a 46.118.

Tanto el número de oficinas como las cifras de trabajadores del sector registrarán un nuevo descenso cuando se materialicen los expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados por dos de las principales entidades financieras del país, Banco Santander y CaixaBank. Ninguna de las dos firmas ha hecho pública la incidencia que, inicialmente, tendrán estos procesos en Canarias. En el caso de la primera, porque ni siquiera ha comenzado aún la negociación con las organizaciones sindicales, y en el de la segunda porque se trata de bajas voluntarias cuyo alcance en cada región dependerá del volumen de empleados interesados en acogerse a ellas.

El ajuste planteado por CaixaBank afectará a 2.023 trabajadores en todo el país, algo menos de los previstos en un principio (2.157). La reducción del ERE y de las condiciones de salida de quienes finalmente participen en él han sido fruto de la negociación entre la empresa y los sindicatos. El acuerdo -que no ha sido suscrito por CCOO, la organización mayoritaria- contempla indemnizaciones graduales en función de la edad, sustitución de las sucursales tradicionales por oficinas store y fomento de la movilidad. No están incluidas las provincias que la entidad cree deficitarias en cuanto a plantilla -Barcelona y Teruel-, en tanto que entre las regiones más afectadas se perfilan Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde mayor es el excedente de personal.

En los primeros momentos del proceso, los sindicatos trasladaron que la intención del banco era clausurar 37 oficinas en Canarias y prescindir de 159 trabajadores, principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la que la concentración de sucursales, derivada de la presencia de la extinta CajaCanarias -absorbida por CaixaBank tras integrarse en Banca Cívica-, es superior.

La ejecución del expediente de regulación de empleo de Banco Santander tendrá que esperar a que culmine la integración tecnológica e informática de las oficinas del Banco Popular, entidad que adquirió a mediados de 2017. El Santander ha transmitido a los representantes de los trabajadores que pretende desprenderse de alrededor de 1.150 oficinas -una de cada cuatro de las que tiene- y de 3.713 empleados -el 11% del total-.

El proceso de la entidad presidida por Ana Patricia Botín se encuentra en un momento más inicial que el de CaixaBank. "Todavía no han puesto las condiciones encima de la mesa, pero queremos que sean al menos las mismas que se establecieron para los servicios centrales, que fueron favorables", expuso ayer José Luis Romero, secretario de Comunicación de Comisiones Obreras en el banco. Tampoco hay datos aún sobre la incidencia territorial del ERE. La mayor o menor presencia de sucursales del Banco Popular puede determinar el impacto que el proceso tendrá en cada comunidad autónoma. "La lógica dice que donde hay dos sobra una, pero no tienen por qué ser las del Popular las que cierren", apuntó Romero.

El objetivo de la organización sindical es "minimizar" los efectos del ERE, tanto en términos de "desbancarización" -cierre de oficinas- como de puestos de trabajo. Los representantes del personal de la entidad defenderán que el expediente tenga carácter voluntario y que se regule por tramos de edad, en cuyo caso la distribución por edades de la plantilla sería el factor decisivo a la hora de definir qué regiones serán las más afectadas.

La integración tecnológica del Popular pasa el ecuador

Banco Santander culminó el pasado fin de semana la integración tecnológica de las oficinas procedentes de la red de Banco Popular en Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Castilla-La Mancha, con lo que ya suma 950 sucursales integradas en 13 comunidades autónomas.

Según informaron fuentes de la entidad a Europa Press, esta sexta oleada de la integración ha afectado a 350 oficinas, que se han sumado a las 600 procedentes del Popular que el grupo ya había integrado.

Desde ahora operan bajo los sistemas informáticos del Santander 950 oficinas de la red del Popular en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Cataluña, Canarias, Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha, lo que representa alrededor de dos tercios de las más de 1.500 oficinas que tenía la entidad cuando el grupo presidido por Ana Botín lo compró -por un euro- en junio de 2017.

El banco prevé finalizar el proceso en julio. La intención es que las marcas Popular y Pastor desaparezcan, pero la cartelería no cambiará hasta que se complete la integración tecnológica. Cuando termine esta se acometerá el ERE con el que el Santander pretende eliminar las duplicidades que se han producido tras la incorporación de las oficinas del Popular.

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