14 de mayo de 2019
14.05.2019

El control de horarios se atasca en los primeros días de aplicación

Los empresarios hablan de "caos" y sostienen que es "matar moscas a cañonazos"

14.05.2019 | 04:50
Las empresas están obligadas desde el domingo a registrar la jornada diaria de sus trabajadores.

Los sindicatos alertan de la "picaresca" Trabajo reconoce que "nadie se lo ha tomado en serio"

Han pasado apenas 48 horas desde la entrada en vigor del registro de la jornada laboral y ya se puede constatar el escaso éxito de la medida. Lo reconoce incluso el Ministerio de Trabajo, cuya titular, Magdalena Valerio, advirtió ayer de que la Inspección tendrá que actuar ante la evidencia de que "nadie se ha tomado en serio" la obligatoriedad de anotar la jornada diaria de los trabajadores. En Canarias, las organizaciones empresariales hablan de "caos", critican la falta de concreción que ha caracterizado la iniciativa y defienden que para combatir el fraude laboral es preferible dotar de más recursos humanos y materiales a los servicios de inspección. Por su parte, los sindicatos consideran positiva la medida, pero opinan que carece de un desarrollo suficiente, alertan de que puede dar pie a la "picaresca" por parte de los empleadores y sostienen que está siendo eludido por algunas empresas.

Con el control horario, el Gobierno central persigue poner coto a las horas extras no pagadas ni compensadas, que en Canarias ascienden a 60.485 a la semana, según datos del Instituto Nacional de estadística (INE) recogidos por Comisiones Obreras.

"Es matar moscas a cañonazos", denuncia José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). García recuerda que, según el Instituto Nacional de Estadística, 700.000 personas hacen horas extras y, de estas, a 300.000 no se las retribuyen ni compensan. Eso supone un 2% del total de trabajadores y, sin embargo, la obligación de registrar la jornada se establece con carácter casi general. "Que vayan a por la bolsa de fraude. Con esto van a perjudicar sobre todo a las pequeñas empresas y a crispar las relaciones laborales", expone García.

Durante estos primeros días, "cada empresa lo ha hecho como ha podido", señala el dirigente de la patronal de Las Palmas, que advierte de que "hay un poco de caos y muchas dudas". Como ejemplo de las incógnitas suscitadas, José Cristóbal García se pregunta: "¿Qué pasa con la gente que trabaja en su casa o por objetivos o con los que lo hacen fuera del centro de trabajo?".

Su homólogo en CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, sintetiza en tres las situaciones que viven las empresas ante la puesta en marcha del control horario: las que están negociando con los representantes de la plantilla, las que tienen dudas derivadas de una "casuística muy particular" y las que ya contaban con sistemas de registro. "¿Cuál es el tiempo de trabajo de un profesor que acompaña a sus alumnos a un viaje a la Península?", se plantea el secretario general de la patronal de la provincia occidental, que, precisamente, se reunió ayer con el sector de la enseñanza concertada. Bezares ve "complicado" el "aterrizaje" en la realidad de lo contemplado en la normativa para asegurar que se ajusta a la ley.

La iniciativa afecta, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 95% del tejido empresarial de las Islas. No se tendrán que sujetar a ella, finalmente, los autónomos. Ello no obsta para que el presidente en Canarias de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Juan Carlos Arricivita, lamente que la Administración haya puesto a funcionar el sistema sin aclarar cómo aplicarlo. "El Ministerio no tiene claro cómo gestionarlo", señala. Arricivita sostiene que la ausencia de una regulación que defina la forma en que debe registrarse la jornada dificulta la puesta en marcha de una medida que, a su juicio, tiene afán "recaudatorio" -las sanciones oscilan entre 626 y 6.250 euros- y generará "más costes y burocracia".

La flexibilidad del sistema -que debe ser acordado por las empresas y los representantes de los trabajadores o, si no existieran estos, por el empresario- no es, según los sindicatos, motivo para que "no todas se hayan tomado la disposición legal en serio". "No ha existido un periodo de negociación", afirma el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, quien avanza que su organización instará "en todas y cada una de las empresas" donde cuenta con representación a que se inicie el diálogo. Entretanto, el sindicato confía en la "buena fe" de los empresarios y aplaude la decisión -al menos inicial- del Ministerio de no multar en los primeros días.

Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de CCOO, considera "positiva" la medida, pero también que "se queda un poco descafeinada". "Hay que desarrollarla para que tenga eficacia", apunta la dirigente sindical. Martín teme que la "picaresca" se imponga: "Las empresas pueden poner un documento delante del trabajador que una mayoría firmará aunque no se corresponda con su jornada real". En lo que sí coincide Comisiones con las confederaciones empresariales es en que "uno de los principales problemas es que no se diga cómo se tiene que hacer".

La ministra en funciones de Trabajo, Magdalena Valerio, fue tajante ayer al declarar que "nadie se ha tomado en serio" la entrada en vigor del registro de jornada. Ante esta situación, dijo en declaraciones recogidas por Europa Press, "la Inspección de Trabajo va a actuar".

El teletrabajo, incluido; los autónomos, no

El Ministerio de Trabajo publicó ayer -el segundo día tras la entrada en vigor del sistema- una guía que detalla qué colectivos de trabajadores están afectados por el control de horarios. Según el documento, el registro se aplica a todos los trabajadores, sectores y empresas, sin distinción de grupos profesionales o tamaño del negocio, siempre que estén incluidos en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (trabajo por cuenta ajena).

Esto explica que se hayan quedado fuera del ámbito de aplicación de la normativa los autónomos. También se exceptúa al personal de alta dirección -no a los mandos intermedios o al personal de confianza- y a los trabajadores de las cooperativas.

En cambio, trabajadores móviles, comerciales, temporales o trabajadores a distancia sí forman parte del colectivo cuya jornada laboral -hora de entrada y salida- debe registrarse.

En el caso de la subcontratación y las empresas de trabajo temporal (ETT), serán sus empresas "usuarias" las que deban llevar el registro.

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