Los registros mercantiles y de la propiedad de Canarias remitieron el año pasado al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) el doble de casos de posible lavado de dinero que en 2017. Cada día llega al CRAB una media de tres nuevos expedientes por sospechas de blanqueo de capitales en la Comunidad Autónoma. A lo largo de 2018, los profesionales de las Islas dieron la voz de alarma en 1.040 ocasiones. La casuística que luego analizan los expertos del CRAB es diversa: compras de inmuebles a precios fuera de mercado, la compraventa y el posible contrabando de obras de arte, empresas fantasmas, compañías pantalla, operaciones sospechosas en Bolsa...

El Centro Registral Antiblanqueo tuvo el año pasado mucho más trabajo que en 2017. En conjunto, los profesionales de los registros de todo el país, que manejan información de más de tres millones de sociedades y diez millones de titulares de acciones, trasladaron al CRAB hasta 22.594 casos en los que detectaron indicios de que se había producido lavado de dinero. Son 7.161 expedientes más en solo un año, un sensible incremento del 46,4%. Y si el aumento es sensible en términos nacionales, lo es aún más en el Archipiélago. Los registradores canarios se toparon con esos 1.040 casos. En 2017 solamente dieron la voz de alarma en 525 ocasiones, de modo que el incremento en la Comunidad Autónoma llega al 98%, prácticamente el doble en apenas doce meses.

De ese millar de posibles delitos de blanqueo de capitales contabilizado en las Islas, 489 llegaron al CRAB gracias al trabajo de los registros de la propiedad. Los restantes 551 expedientes se abrieron en los registros mercantiles. En el primer caso se trata de sospechas de lavado de dinero por medio de bienes inmuebles y bienes muebles. En el segundo, por la utilización de sociedades mercantiles para fines ilícitos. Desde el Colegio de Registradores explican, en lo relacionado con los inmuebles, que las grandes urbanizaciones, proyectos urbanísticos y edificios son instrumentos "básicos" para el lavado de dinero, ya que por los altos presupuestos que tienen detrás permiten blanquear sumas muy elevadas. En cuanto a los bienes muebles, los delincuentes fiscales también suelen usarlos como herramienta para rentabilizar el dinero negro. Entran ahí las adquisiciones de aviones privados, yates de recreo, coches de alta gama... Hasta compraventas de buques para el transporte de mercancías han servido para el blanqueo de capitales. Y en todo ello entran las sociedades mercantiles. Las sociedades durmientes, que pasan años sin actividad aparente para de repente protagonizar una operación importante y disolverse de inmediato; las sociedades en cascada, con domicilio en un paraíso fiscal y participadas por una o varias sociedades que a su vez están domiciliadas en otro paraíso fiscal, lo que dificulta sobremanera seguir el rastro de sus actividades; las sociedades instrumentales, que se constituyen en terceros países para eludir el pago de impuestos en España; y un largo etcétera.

Los paraísos fiscales son así colaboradores habituales en muchos de los delitos por blanqueo de capitales. En ocasiones ya no solo ocurre que se levanta un entramado de sociedades interconectadas y domiciliadas en varios de estos países (Jordania, Líbano, Macao, Mauricio, Mónaco, Seychelles, Vanuatu, las Islas del Canal...), sino que, además, el administrador reside a su vez en otro. La empresa radicada en Canarias aparece así oculta al final de esta larga cadena. Y en última instancia ocurre que el titular de esa entidad que opera en el Archipiélago, es decir, quien verdaderamente maneja el capital, es una persona que se esconde tras todos esos eslabones, tras todas esas empresas pantallas.

Justamente para que a las autoridades les sea más fácil averiguar quién o quiénes están detrás de cada sociedad mercantil se ha creado ahora el Registro de Titularidades Únicas. Es también un órgano del Colegio de Registradores, y aún está dando sus primeros pasos. No obstante, la herramienta ya ha servido para detectar alrededor de 125.000 sociedades interpuestas en la cadena de control de otras empresas, esto es, que pueden servir como sociedades pantallas.

Aunque las cantidades han disminuido en los últimos ejercicios, la inversión extranjera en la Comunidad Autónoma proveniente de paraísos fiscales desde 2007, cuando estalló la crisis económica, asciende a algo más de 68 millones de euros, según la estadística oficial. Las Islas Vírgenes Británicas, con 21,2 millones; Jersey, con 20,8 millones de euros; Seychelles, con 6,4 millones; Gibraltar (5,5); y Guernsey (4,7) son los paraísos fiscales con más relación con Canarias en los últimos años.

Una lucha que va más allá de la policía y los juzgados

En España, la lucha contra el blanqueo de capitales o lavado de dinero, es decir, contra las operaciones y actividades para hacer pasar por legales y limpios los fondos logrados en negocios ilícitos (y entran aquí desde el tráfico de drogas hasta el cobro de comisiones ilegales, la elusión fiscal e incluso el empleo de trabajadores en negro), no es tarea exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del sistema judicial. Y son precisamente los registradores mercantiles y de la propiedad uno de los pilares fundamentales de esta lucha del Estado contra los delincuentes fiscales. Los registradores de las distintas regiones del país elevan los expedientes en los que detectan posibles operaciones de lavado de dinero al Centro Registral Antiblanqueo. El CRAB reanaliza cada caso y lo pasa luego, si se corroboran las sospechas de actividades ilícitas, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el Sepblac. El Sepblac, tal como explican desde el organismo, "es el encargado de elaborar los informes de inteligencia financiera" sobre cada expediente, informes que luego llegan a la Policía, la Guardia Civil o la Agencia Estatal de Administración Tributaria.