Las 179 empresas canarias que operan con drones tienen que matricular sus aeronaves si quieren continuar su actividad a partir del próximo año. Así lo impone la Comisión Europea (CE), que ha decidido no seguir esperando para ordenar los cielos también en lo relacionado con estos vehículos no tripulados. Bruselas intenta con la nueva normativa comunitaria que en ningún lugar del continente se repita lo ocurrido en el aeropuerto londinense de Gatwick, donde el vuelo de dos drones cerca de la pista obligó a suspender despegues y aterrizajes durante horas, generando así un auténtico caos en las instalaciones. Un caos por el que no pudieron exigirse responsabilidades, ya que las fuerzas de seguridad británicas no lograron localizar a los pilotos y los drones no llevaban ningún distintivo o identificación.

El sector de los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems, es decir, aeronaves pilotadas por control remoto) ha experimentado un crecimiento brutal en los últimos años. Y Canarias no ha permanecido ajena a esta explosión, ni mucho menos. A comienzos de 2016, en la Comunidad Autónoma apenas había 29 operadores de drones autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); y hoy ya son esos 179, según el registro oficial del propio organismo dependiente del Ministerio de Fomento. De modo que se han sextuplicado en tan solo tres años. Se trata en la mayoría de los casos de profesionales autónomos dedicados a actividades diversas: seguimiento aéreo de incendios forestales, colaboración en dispositivos de búsqueda o salvamento, inspección de infraestructuras (puentes, aerogeneradores...), vigilancia, etcétera.

Está previsto que este próximo mes (o en junio como muy tarde) se publique la nueva regulación. La idea es que se ponga efectivamente en práctica en abril del próximo año. Será a partir de ese momento cuando las empresas y profesionales de las Islas tendrán que estar registrados. Se creará así una base de datos en la que todo operador de drones deberá matricular también sus aeronaves. Del mismo modo que un coche comprado en el Archipiélago puede circular por las carreteras de, por ejemplo, Bélgica, el dron de una empresa canaria podrá así utilizarse en los cielos belgas, holandeses o franceses. El registro será europeo, con lo que los Estados miembros podrán cruzarse datos automáticamente. Fuentes de la AESA detallaron ayer que habrá una identificación "directa" y "remota" de cada artefacto que sobrevuele territorio comunitario. Un sistema que "garantiza la transmisión local de información sobre un dron en operación, incluyendo el marcado del mismo, de tal forma que esta información puede ser recibida sin necesidad de acceso físico al dron", ahondaron.

Otra novedad es que la información que suministre cada Estado miembro permitirá detectar remotamente una "violación potencial" del espacio aéreo. El piloto de la aeronave no tripulada recibirá entonces un aviso (también remotamente, gracias a tecnología Geo-awareness) para que aleje su dron del aeropuerto de Los Rodeos o del de Gando, por ejemplo.

Priscila Díaz, fundadora de Drones Canarias, expuso ayer que la preocupación en las Islas no está tanto en la regulación comunitaria como en la ley que actualmente rige en España. ¿Por qué? Porque la AESA "tiende a endurecer muchísimo" las condiciones para poder trabajar con un dron. Según Díaz, la Administración "no tiene capacidad" para gestionar el sector, hasta el punto de que constantemente se publican apéndices a la actual ley que son más extensos que la misma ley. "A día de hoy, la AESA no ha habilitado el proceso" para la matriculación, apuntó la empresaria, que espera que sea el organismo europeo, la EASA, el que se encargue de la aplicación de la normativa.