Entre 3.500 y 3.975 cuidadoras no profesionales de personas dependientes ya pueden volver a cotizar a la Seguridad Social sin que les disminuya la pequeña paga (una media de 400 euros) que reciben del Estado. Este grupo de canarias (hay también hombres pero las mujeres representan más del 90%) solo tiene que solicitar el alta en la Tesorería General de la Seguridad Social para que la Administración pública se haga cargo desde ese momento del pago de su cuota mensual. Es decir, cotizarán gratis (por cuenta del erario público) para que al menos no pierdan los años de entrega a sus familiares dependientes en la carrera laboral. En definitiva, para que el tiempo que estén cuidando de sus mayores o de personas con discapacidad cuente el día de mañana para las pensiones de jubilación o de incapacidad permanente.
Esta prestación figura entre las medidas de la ley de dependencia, pero fue una de las muchas víctimas de los recortes a que dio lugar la crisis económica. El Gobierno de Mariano Rajoy la suprimió en 2012. Ahora, casi siete años después, el Ejecutivo central la ha recuperado dentro del Real decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La nueva normativa ya ha entrado en vigor, y los potenciales beneficiarios tienen de plazo hasta el 30 de junio para que se les cuente como período de cotización, con carácter retroactivo, desde el pasado día 1. Quienes se acojan a este derecho después del 30 de junio no disfrutarán de la retroactividad, de modo que se les empezarán a contabilizar los días de cotización desde el momento en que firmen el convenio especial con la Seguridad Social.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, correspondientes al 31 de marzo de este año, en Canarias hay 8.831 personas, muy mayoritariamente mujeres, que cobran el subsidio por estar cuidando de un familiar dependiente. Es la llamada prestación especial por cuidados familiares. En el Ministerio calculan que entre un 40 y un 45% de los perceptores de la ayuda pueden beneficiarse también del régimen gratuito de cotización. En el caso de la Comunidad Autónoma son así entre 3.532 y 3.974 las cuidadoras de dependientes que cumplen los requisitos para que el Estado pague sus cuotas mensuales a la Seguridad Social. No pueden estar en alta en ningún régimen de cotización a tiempo completo (tampoco en el régimen especial de los trabajadores autónomos) ni tampoco cobrar prestaciones por desempleo o algún tipo de pensión. Además, la persona que recibe los cuidados ha de tener reconocido el derecho a la prestación de la ley de dependencia para que su cuidador pueda suscribir el convenio especial y que el Estado pague por él la cuota a la Seguridad Social.
El perfil del canario que cuida de un dependiente es el de una mujer de entre 56 y 60 años que se ha visto obligada a dejar de trabajar para poder atender en condiciones a su familiar.
Es el Programa Individual de Atención, el PIA, un plan que elaboran los servicios sociales de los ayuntamientos, el que determina si el dependiente debe recibir un tipo u otro de ayuda: una plaza en una residencia, la ayuda a domicilio, la prestación económica (para pagar el coste del geriátrico o los servicios de un cuidador) o la atención de un pariente. Un 38,24% de los dependientes canarios reconocidos, prácticamente cuatro de cada diez, cuentan con atención en el entorno familiar, tarea por la que sus cuidadores cobran una media mensual de unos 400 euros. Cuando el PP suprimió la cotización gratuita, nueve de cada diez dejaron de pagar la cuota a la Seguridad Social, que se les llevaba entre 60 y 120 euros de tan exigua paga.
