La lejanía, la insularidad y la fragmentación de la actividad económica en siete pequeños mercados multiplican los costes que tiene que soportar la empresa canaria. Mantener un negocio en el Archipiélago implica un gasto extra que equivale al 8% de la facturación. Es la factura de la ultraperiferia, que se traduce en una sensible diferencia entre instalarse en las Islas o hacerlo en, por ejemplo, Madrid. Una misma empresa, con la misma actividad, la misma plantilla y los mismos recursos, tiene que asumir un sobrecoste medio anual de 35.800 euros por operar desde Canarias en lugar de hacerlo desde la capital de España o cualquier otro centro económico del país. Esta es la razón de las compensaciones que reciben las entidades que desafían a la ultraperiferia y se instalan en la región. Compensaciones que el Gobierno de Canarias tiene que defender una vez más en Bruselas, donde ya se están preparando las negociaciones de las que saldrá el reparto de los presupuestos comunitarios para el período 2021-2027.

La Comunidad Autónoma se juega en esas negociaciones cientos de millones de las distintas líneas de financiación de la Unión Europea. El Archipiélago, por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), disfruta en el actual período (que comenzó en 2014 y terminará el próximo año) de unos 3.800 millones de euros. El Ejecutivo canario tendrá así que hacer valer ante las autoridades comunitarias su Régimen Económico y Fiscal (REF). El mismo que sobre el papel está ya blindado contra posibles incumplimientos de Madrid tras haberse incorporado recientemente en el Estatuto de Autonomía, lo que sitúa la ley del REF en el mismo rango que las leyes de presupuestos del Estado. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez, al que le ha tocado estrenar el nuevo Estatuto canario, ha incumplido el fuero regional a las primeras de cambio, son los incentivos fiscales y económicos incluidos en el REF los que el Ejecutivo del Archipiélago ha de justificar en Bruselas. La UE no da duros a cambio de pesetas, de modo que Canarias tendrá que demostrar que efectivamente tiene necesidades especiales que compensar. Y para ello ya cuenta con un prolijo estudio, presentado ayer, en el que se detalla el coste que la ultraperiferia y la llamada doble insularidad (la que soportan las empresas de las islas periféricas) les acarrean a las entidades de la región. Nada menos que 5.228 millones de euros.

En el Archipiélago hay, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 146.126 empresas activas. Por tanto, cada una de ellas soporta un sobrecoste medio anual de 35.778 euros por el mero hecho de operar desde Canarias. Un sobrecoste medio que varía en función del tamaño de cada entidad y de la isla en que se ubique. Y lo peor es que el impacto negativo de la ultraperiferia es mayor cuanto más pequeño es el negocio, máxime si se trata de una empresa de las islas periféricas. Así lo pone de manifiesto el estudio encargado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, que dirige Pedro Ortega, que fue el encargado de presentar el informe junto con Fernando Clavijo.

La factura que cada año costean las empresas de la región por la situación geográfica de las Islas, esos más de 5.200 millones, es el resultado del mayor precio que tienen que pagar por la energía, el agua o el transporte de mercancías, por ejemplo. Es justamente esto último, el sobreprecio que supone llevar una mercancía hasta la Península frente a los competidores del resto del país, a los que les sale mucho más barato, lo que representa el principal coste extra. Casi 2.900 millones de esos 5.228 se deben a este motivo, lo que explica por qué las firmas del Archipiélago disfrutan de subvenciones al transporte de mercancías. En global, todos esos condicionantes suman el equivalente al 8% de la facturación conjunta de las casi 150.000 firmas canarias. Son cuatro décimas más que en 2008, cuando los sobrecostes de la ultraperiferia eran un 7,6% de la facturación de las empresas isleñas. Es decir, las dificultades se han agravado.

Dificultades que son mayores cuanto más pequeña es la isla. Frente a ese sobrecoste medio del 8% de la facturación, la carga de la ultraperiferia se reduce al 6,9% del volumen de negocio en el caso de las empresas de Tenerife o Gran Canaria. Mientras que se dispara hasta el 10% para las entidades de La Palma, La Gomera o El Hierro. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura no es tan alto como en las llamadas islas verdes, un 7,4%, pero también está por encima de la media de las dos capitalinas. No en vano, si transportar una mercancía desde la Comunidad Autónoma hasta Cádiz siempre es más caro que hacerlo desde Madrid, lo es aún más si el producto sale desde, por ejemplo, La Gomera, donde hay que llevarlo primero hasta los puertos o aeropuertos capitalinos.