El consejero de Economía del Gobierno canario, Pedro Ortega, planteó ayer a Luis Marco Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea, la adopción de "mecanismos excepcionales" para las Islas al amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Ambos participaron en la Comisión de Trabajo para el seguimiento de las consecuencias para Canarias de la salida del Reino Unido del club comunitario.

Ortega explicó el último informe elaborado por su departamento este mismo mes sobre la incidencia del brexit en la economía de Canarias y propuso el establecimiento de "planes de contingencia excepcionales" atendiendo a la condición de región ultraperiférica que ostentan las Islas.

El consejero recordó que las especiales condiciones de Canarias la convierten en "una de las regiones europeas más vulnerables", tanto frente a una salida no ordenada del Reino Unido de la UE como frente a cualquier escenario de deterioro de las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido en calidad de país tercero.

Además de evaluar la incidencia del brexit sobre el turismo y el sector primario, el informe del Gobierno autonómico revela que las inversiones británicas en las Islas, "se resintieron ligeramente, así como los movimientos demográficos y laborales entre Canarias y el Reino Unido".

El Gobierno canario ha reclamado al central negociar una fórmula que garantice tras el brexit las ayudas a la exportación de tomates a Reino Unido, que serían ilegales con la salida de ese país de la Unión Europea.

Asegurar la supervivencia del sector hortofrutícola de exportación de las Islas, uno de cuyos principales mercados es el británico, es el fin de esa demanda, explicó ayer el consejero de Agricultura, Narvay Quintero.

Quintero recordó, en declaraciones recogidas por Efe, que las subvenciones que tradicionalmente han compensado el sobrecoste que conlleva el envío a Reino Unido de tomates, pepinos y otros productos agrícolas del Archipiélago son un tipo de ayudas aplicables solo al tráfico de mercancías entre países miembros de la UE y no a la exportación a otros terceros.

Ello implica que, de no cambiarse la normativa o encontrarse una vía alternativa, los productores isleños se verían abocados a perder la mayoría de su clientela y de su negocio.