BBVA ha especificado en sus cuentas anuales que, si se confirma que la entidad llevó a cabo un espionaje masivo durante 2004 y 2005, el banco podría sufrir un impacto reputacional negativo.

Según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo podría estar inmerso en investigaciones por las autoridades judiciales en relación con la contratación de actividades presuntamente irregulares, sin que hasta el momento haya recibido ninguna notificación formal al efecto.

A principios de año, los digitales ''El Confidencial'' y ''Moncloa.com'' sacaron a la luz numerosas informaciones que relacionan a BBVA con una operación de espionaje masivo durante los años 2004 y 2005 a empresarios, políticos y periodistas con el objetivo de desestabilizar un intento de asalto al banco por parte de directivos de la constructora Sacyr supuestamente con el apoyo del entonces Gobierno socialista.

Según recoge en su informe, se trata de una "contratación de actividades presuntamente irregulares que, de confirmarse, podría tener un impacto reputacional negativo para el banco".

La entidad presidida por Carlos Torres ha puesto de manifiesto también que está llevando a cabo una investigación interna sobre el denominado ''caso BBVA-Villarejo'', pero ha reconocido que no es posible predecir en este momento el ámbito o duración de dichas investigaciones ni su posible resultado o implicaciones para el grupo.

En este sentido, el bufete Garrigues presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 inició una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre el caso, ahora también apoyado por el despacho de abogados Uría Menéndez.

Asimismo, el pasado mes de enero la entidad dio un paso más en sus trabajos de investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con la firma de detectives del encarcelado excomisario de Policía José Manuel Villarejo, para lo que fichó a PwC.

PwC trabaja en la realización de un informe ''forensic'' al que ha destinado un equipo de más de 40 personas especializadas y dedicadas en exclusividad a este asunto. Para ello, utiliza una tecnología muy puntera y los medios más avanzados, con el fin de realizar una investigación de carácter objetiva y lo más independiente posible.

OTROS LITIGIOS

Por otro lado, el informe anual indica que el sector financiero está expuesto a una creciente litigiosidad, de manera que las entidades se enfrentan a un elevado número de procedimientos civiles, penales, administrativos y contenciosos.

Además, ha señalado que la banca está sometida a investigaciones del supervisor en numerosas jurisdicciones, cuyas consecuencias son "difíciles de determinar", incluyendo procedimientos en los que hay un número indeterminado de demandantes, en los que los daños que se reclaman no son fáciles de estimar, en los que se reclaman "cantidades desorbitadas", en los que se introducen cuestiones jurídicas novedosas en virtud de "argumentos jurídicos creativos no contrastados" y otros que están en una fase muy inicial de su tramitación.

En España, muchos demandantes piden en tribunales españoles y mediante cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se declaren abusivas varias cláusulas "habitualmente incluidas en contrato de préstamos hipotecarios con entidades financieras", como las cláusulas de gastos hipotecarios, la cláusula de vencimiento anticipado, el uso de determinados tipos de interés de referencia o la comisión de apertura, entre otros.

BBVA ha indicado que las resoluciones en este tipo de procedimientos contra otras entidades bancarias "pueden afectar indirectamente al grupo", y ha reconocido que la propia entidad está inmersa en investigaciones de autoridades de competencia en varios países que pueden conllevar sanciones y reclamaciones de daños por parte de terceros.

En este contexto, BBVA ha asegurado que realiza una gestión y seguimiento constante de dichos procedimientos para la defensa de sus intereses, dotando las correspondientes provisiones para su cobertura en función del número de litigios de los pronunciamientos judiciales y el estado del procedimiento.

"Sin embargo, el resultado de las referidas acciones y procedimientos, tanto en los que el banco ya es parte, como aquellos que puedan surgir en el futuro o en los pronunciamientos en los que sean parte otras entidades bancarias, es difícil de predecir, por lo que en el caso de modificación de criterios jurisprudenciales o resultados inesperados de algunos de estos litigios, puede que las provisiones dotadas resultasen insuficientes", ha advertido el banco.