El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección a los consumidores, que contiene las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos del encarecimiento del recibo de la luz.
El texto, que fue convalidado con 180 votos a favor, 2 en contra y 160 abstenciones, será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Entre otras medidas, establece la suspensión durante seis meses del impuesto a la generación eléctrica (7 %) y del impuesto especial de hidrocarburos que grava al gas destinado a producir electricidad, así como cambios en el bono social eléctrico y la creación del bono social térmico.
"El coste de la energía es clave para los consumidores y para la competitividad industrial", ha dicho la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su defensa del texto, en la que ha insistido que se trata de medidas temporales a las que habrá que sumar cambios estructurales.
En su opinión, se necesitan "precios estables, razonables y predecibles" y para lograrlos, el Ejecutivo apuesta por un modelo "cien por cien renovable y eficiente" y que, al mismo tiempo, ofrezca a los inversores "confianza y rentabilidad" pero evitando "sobrepagos".
En este sentido, ha asegurado que ya se han iniciado los trabajos para la reforma del mercado eléctrico, la regulación del almacenamiento y modificaciones fiscales.
No obstante, mientras llegan estos cambios y ante una expectativas de precios "elevados y sostenidos en el tiempo" había que facilitar un "alivio" en la factura doméstica y reforzar la protección a los consumidores más vulnerables, ha reiterado Ribera.
Las medidas incluidas en el real decreto ley tendrán un impacto en las facturas domésticas del 4 %, aunque fluctuará en función de "cuántas y cómo sean las medidas a las que cada consumidor se pueda acoger".