El Gobierno suspenderá durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7 % e introducirá una exención en el Impuesto de hidrocarburos para desactivar el gravamen conocido como céntimo verde en los combustibles para generación eléctrica, con el fin de abaratar la factura de la luz.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado hoy el real decreto-ley de medidas urgentes para aliviar el coste de la factura de la luz a los consumidores, que incluye estas medidas, y que figurará en dos disposiciones de esa norma.

El objetivo es moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de la electricidad y para ello se suspende el impuesto a la generación eléctrica, aprobado en 2012, durante seis meses, coincidiendo con los meses de invierno en que la demanda es mayor.

Además, el Gobierno introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el conocido como "céntimo verde".

Este gravamen fue pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, pero tiene el efecto de encarecer los precios de la electricidad en el mercado mayorista cuando tecnologías como el gas fijan los precios.

Según ha explicado la ministra en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la suspensión de estos dos impuestos tendrá un impacto en torno al 4 % sobre la factura de los consumidores domésticos.

Las previsiones apuntan a que a finales de 2018 la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6 % respecto al año anterior, si no se adoptan medidas, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

La subida podría ser de 23,4 euros para todo 2018, según las expectativas de precios del mercado, y en el caso de un hogar que consuma 3.600 kilovatios hora (KWh) sería de unos 32,4 euros en todo el año, según cálculos del Ministerio.

Este departamento del Gobierno estima que estas dos medidas fiscales, incluidas en el real decreto-ley, reducirían la subida de la factura de la luz del último cuatrimestre en una cuarta parte, de forma que la reducción para un hogar que consume 2.600 KWh sería de 6,2 euros y de unos 8,5 euros para el que consume 3.600 KWh.

Teresa Ribera ha dicho que estas dos medidas fiscales tienen carácter temporal y en los seis meses de aplicación el Gobierno irá trabajando en medidas estructurales para reformar el funcionamiento del mercado y revisar la fiscalidad sobre la energía.

Para compensar la reducción de ingresos y el impacto en la sostenibilidad del sistema eléctrico, el ministerio va a elevar el límite máximo de ingresos que se transfiere al sistema eléctrico anualmente por la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Hasta ahora ese límite era del 90 % del ingreso total, con un máximo de 450 millones de euros al año.

También para contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y no incrementar los peajes y cargos que pagan los consumidores, el real decreto-ley introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se puedan producir en los ejercicios de 2018 y 2019.