Los bebés robados de Franco

Bajo el régimen franquista, se instauraron políticas de limpieza social que buscaron eliminar la oposición política y purgar a la sociedad, fortaleciendo los valores tradicionales. Para ello, se llevaron a cabo sustracciones de niños de familias republicanas o de nivel social bajo con el fin de remodelar la demografía del país. Las madres biológicas atestiguaron que las monjas se llevaban a los bebés recién nacidos y les decían a las progenitoras, normalmente solteras y pobres, que sus hijos habían nacido ya muertos. Estos eran posteriormente vendidos de forma discreta a padres católicos ricos. Aunque no se sabe con exactitud cuántos niños fueron robados, los estudios apuntan a que pudieron alcanzar decenas de miles.

Uno de los impulsores del robo de niños fue Antonio Vallejo-Nájera, psiquiatra del régimen que se formó en la Alemania nazi y que se encargó de promover la idea de que un gen rojo marxista habitaba en el ADN de los hijos de los opositores al franquismo. Este gen se suprimía al separar a las criaturas de sus familias disidentes.

Franco se ayudó de la Iglesia católica para llevar a cabo la reubicación de los niños robados. Lo hizo otorgando al clero la supervisión de alguno de los sectores del sistema hospitalario estatal como las maternidades. Las monjas primero intentaban convencer a las madres solteras para dar a sus hijos en adopción, si no lo conseguían, robaban a los bebés y los hacían pasar por muertos.

En la década de los sesenta, Franco abrió el país al turismo, lo que atrajo ideas más liberales. Ser madre soltera ya no estaba tan mal visto, así que la oferta de bebés se redujo, pero la demanda era la misma. Por ello, los robos se volvieron cada vez más temerarios. Se pasó de coaccionar a las madres a sedarlas en las salas de parto para poder fingir la muerte de los bebés de manera más creíble.

En la actualidad, los bancos de ADN han podido facilitar la reunión de los bebés robados, ya adultos, con sus familias biológicas. Sin embargo, las víctimas siguen sufriendo el abandono de las instituciones, muchas de las causas son archivadas antes de llegar a juicio y la mayoría de los casos se consideran prescritos. Las primeras acusaciones públicas sobre el robo de bebés surgieron en la década de los ochenta. Una madre denunció en una revista femenina que el doctor Eduardo Vela intentó hacerle firmar unos papeles de adopción tras despertar de la anestesia después de dar a luz. Su bebé fue vendido sin su consentimiento por 380.000 pesetas. A pesar de que el régimen franquista había caído en la década de los setenta, el sistema hospitalario seguía siendo dirigido por las mismas monjas.

El conocido como «pacto del olvido» un consenso al que llegaron los partidos de derechas e izquierdas para evitar lidiar con los escombros de la Guerra Civil y la dictadura franquista tras la muerte de Franco. Esto se mantuvo hasta la llegada de Zapatero en 2004, periodo en el cual se aprobó la ley de memoria histórica de 2007 por la que se condenaban los crímenes del franquismo y se reconocía a las víctimas. Se crearon asociaciones como la Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares que calculó que hasta el 15% de las adopciones llevadas a cabo en España entre 1965 y 1990 se realizaron sin el consentimiento de los padres biológicos.

Además de casos de médicos como el del doctor Vela, se empezó a investigar a las monjas. El caso más controvertido fue el de sor María Gómez Valbuena, que trabajó estrechamente con Vela. Una trabajadora del hospital aseguró que la monja trataba mal a las madres del ala de caridad. Las llamaba descarriadas y subversivas. Aseguró también que guardaban el cuerpo sin vida de un recién nacido en una nevera con el fin de enseñárselo a las madres que no creían que su bebé hubiese muerto durante el parto.

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