Economía en Canarias: el cortado más caro del país y la batata que quiere ser papa

Con el cortado un 3% más caro que en la Península, el resumen que en Canarias ofrece este año la actividad económica aporta como dato curioso en el sector primario el deseo de la batata de convertirse en papa. O lo que es lo mismo, la reclamación de los agricultores de este tubérculo en Lanzarote para obtener un aumento de las subvenciones europeas que garanticen así la supervivencia de ese tubérculo, algo que pasa, obligatoriamente, por una modificación del Programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias (Posei) que les garantizarían dos líneas de subvención nuevas para el cultivo: una para la venta por tonelada y otra por hectárea cultivada. Cambiar la categoría del cultivo y aumentar de 89 a 119 euros la ayuda por tonelada comercializada sería equiparar la subvención que recibe la papa isleña con el apoyo a esa batata que, al menos de cara a la Unión Europea, sueña con ser travesti (subvencionada) Y eso que a la vistosa papa isleña tampoco le va del todo bien, con su precio este 2024 triplicado desde que abandona el campo hasta que se exhibe en el supermercado sin que ello revierta en el agricultor, como se contó el 13 febrero, sólo nueve días antes de las protesta protagonizadas por los agricultores en las capitales y principales ciudades del Archipiélago denunciado la competencia desleal de otros países que afecta en las Islas, sobre todo, a tomates y plátanos, cultivo que a raíz del reparto de las ayudas de Europa anda no sólo más dividido sino más apretado ante el próximo decreto que va a regular las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) que reciben los productores del Archipiélago para compensar los sobrecostes de la lejanía e insularidad. En el centro de la polémica se encuentra la pica. Es decir, la retirada del mercado de millones de kilos de esta fruta por el exceso de oferta que acaban destruidos o en bancos de alimentos. Se trata de una práctica normalizada y autorizada por la Unión Europea que también pone en jaque millones de fondos públicos.

Pero más allá de la situación en las Islas del sector agrícola, el cinco de febrero se confirmaba que la mitad de los canarios caen de la clase media expulsados por la crisis, noticia a la cual compensaba que el 26 de febrero dieran a conocer que el Archipiélago registra en 2024 la tasa más baja de pobreza de los últimos 16 años aunque la mitad de los jubilados de nuestra Comunidad Autónoma no llegue a mileurista, dato que el 14 diciembre compensaba el aumento de sus pensiones a 340.000 canarios que en 2025 cobrarán 500 euros más al año por la subida del IPC. El 24 de octubre se resumía en un titular tanta información: Canarias es la región española con peor calidad de vida, según los indicadores socioeconómicos. No obstante, el 18 diciembre se da a conocer que con el apogeo del sector turístico y sus cifras de récord, los salarios crecen pero las nóminas siguen entre las más bajas del país a pesar de que el salario medio en las Islas se sitúa en máximos históricos rozando los 1.700 euros.

También hemos presenciado a lo largo de 2024 señales de crecimiento en el mundo empresarial como el acuerdo histórico del seis de febrero alcanzado en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, con la aprobación de la nueva ciudad del Mojón, el mayor polígono urbano en desarrollo en Canarias. Por su parte, el grupo Domingo Alonso anuncia en octubre su intención de llevar a cabo la mayor inversión en 30 años en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, en Las Palmas Gran Canaria, mientras otro de los tanques de negocio en el Archipiélago, el conglomerado Lopesan, adquiría en noviembre el madrileño hotel Miguel Ángel, en el Paseo de la Castellana. Hiperdino, motor de desarrollo en Canarias, lidera la creación de puestos de trabajo en las Islas con más de 10.000 empleos, información a la cual durante este mes de diciembre se añade que el grupo de alimentación desembarca en Baleares con la compra de veinte tiendas en Mallorca.

La noticia negativa acerca de las grandes empresas del Archipiélago se difunde el 6 junio: La quiebra y liquidación de la constructora Grupo Hermanos Santana Cazorla, referente durante años de la Canarias más próspera, deja deudas con 25 acreedores. Ese mismo día se da a conocer que la productividad de la economía del Archipiélago cae en picado, dato que se agrava con el hecho de que la Comunidad Autónoma encabeza a nivel nacional la tasa de personas en quiebra, que aumentan un 30%.

Tenerife pone el contrapunto liderando este año el crecimiento económico de Canarias, una realidad de la cual nos beneficiaremos todos aún más con la construcción en la capital de la Isla del mayor dique del Archipiélago destinado a la reparación de buques que fue anunciada el 15 de noviembre.

Sin salir del ámbito portuario, el 4 diciembre rechaza Puertos Canarios ampliar la concesión a la cementera del uso industrial del muelle de Santa Águeda, en la localidad grancanaria de San Bartolomé de Tirajana. En materia de transportes, se ha conseguido que tanto las guaguas como los tranvías sigan siendo gratis durante todo 2025 en el Archipiélago para quienes realicen como mínimo 30 viajes trimestrales además de que se consiguiera poner fin el ocho de diciembre a la huelga de guaguas que provocó distintas rencillas sindicales en las Islas. Que el 25% de las viviendas en alquiler de Canarias estén en el mercado negro; la decisión del Gobierno del Archipiélago del 20 de febrero para acudir a la herramienta de la expropiación para ofrecer viviendas públicas, unida a la iniciativa de restringir en la región el crecimiento de la vivienda vacacional, reflejan el oscuro panorama al cual se enfrentan los canarios que son testigos de cómo la Comunidad Autónoma pierde más de 13.800 viviendas de alquiler, cayendo la oferta un 40% en tres años o, por ejemplo, que 6.600 hectáreas de uso residencial se encuentran vacías, situación que se resume en que faltan viviendas pero sobra suelo. Más de 140.000 canarios trabajan en negro y 70.000 faltan cada día a su puesto de trabajo, cifras a las que se añaden los 800 empleados públicos del Archipiélago que se jubilan en tres años, datos a los cuales se añade en julio que Canarias ya tiene más de un millón de trabajadores.

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