Golpe al presidente: la estabilidad en el CD Tenerife salta por los aires otra vez

El consejo de administración del CD Tenerife es un polvorín sin remedio. El presidente de la sociedad anónima, José Daniel Díaz Armas, se levantó de la mesa este lunes antes de que pudiera votarse su propia destitución en una muy tensa reunión de la directiva blanquiazul. En el momento en que los directivos del ala dominante –controlada por Rayco García Cabrera, segundo máximo accionista– trataban de introducir en el orden del día sus argumentos para explicar su presunta «falta de confianza» en el dirigente isleño y así proceder a una votación sobre su cese, el presidente emplazó al resto del consejo a ceñirse exclusivamente a aquellos puntos que estaban previstos de antemano. Esto es, la convocatoria de una Junta General Extraordinaria para el mes que viene, y que finalmente tendrá lugar en la primera semana de julio para votar una ampliación de capital; y la solicitud de información sobre un posible acuerdo con la UD Costa Adeje Egatesa en el marco del fútbol femenino.

Lo que pudiese ocurrir después, considera el entorno del presidente, no tendría legitimidad jurídica. De este modo, cualquier votación posterior podrá ser llevada a los tribunales. No obstante, los consejeros que gobiernan en mayoría cuentan con los votos suficientes para desplazarle. Así pues, la estabilidad en la institución vuelve a saltar por los aires apenas tres meses después de la última Junta General de Accionistas.

Sin paz en el representativo

La convivencia entre las dos alas de la directiva blanquiazul resulta ya insostenible. Así lo demuestran las declaraciones realizadas por el propio presidente y por el consejero Francisco Miguel Heredia, quienes denuncian que se les está ocultando información sensible –relacionada con operaciones importantes y contratos– y que se les impide ejercer con normalidad su cargo de gobernantes del club isleño. En este sentido, se quejan de la total opacidad del órgano rector tinerfeñista, e incluso de que los consejeros del ala de Rayco han ordenado a algunos empleados del club cerrar despachos con llave y no suministrar aquellos datos relevantes que soliciten los dos directivos que están en minoría, y que fueron nombrados a propuesta de los empresarios Conrado González Bacallado, Miguel Concepción y Amid Achi.

Estos consejeros, Díaz y Heredia, también lamentan que no se haya procedido a ejecutar las determinaciones que mandató la Junta General del pasado mes de marzo, cuando la asamblea solicitó que se emprendiera una acción social de responsabilidad contra determinados exdirigentes del club, entre ellos Paulino Rivero. La respuesta que han hallado por parte del equipo de Rayco es que estas gestiones se han externalizado y las llevará a término un bufete de abogados en Madrid, precisamente el de Antonio Porro, también consejero del club a propuesta de García Cabrera.

El encuentro de ayer estuvo marcado por las declaraciones realizadas previamente por dos directivos, uno de ellos el presidente, José Daniel Díaz, quien asegura que definitivamente ha «llegado el momento de alzar la voz» ante la forma de gobernar el representativo por parte del segundo máximo accionista de la sociedad anónima. Harto de sufrir varios episodios en los que se le ha ocultado «información relevante» relativa a contratos y operaciones realizadas por el ala dominante en la directiva, el exalcalde de Tacoronte se muestra dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para defender sus derechos y los de la institución insular. Es más, ya ha subrayado en público y en privado que los comportamientos de sus compañeros de consejo «han rayado el ilícito penal».

A los tribunales

Los dos consejeros en minoría se muestran dispuestos a acudir a los tribunales e incluso a «judicializar» el consejo de administración blanquiazul, por cuanto entienden que los directivos del lado gobernante están aplicando el rodillo y laminando sus derechos de forma sistemática. Además, han sido sometidos a algunos capítulos casi humillantes, como cuando en la presentación de Felipe Miñambresse asignó al presidente un lugar marginal, el mismo que el de algunos periodistas que cubrían el acto en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López, en vez del sitio que protocolariamente le correspondía por su cargo.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la negociación del acuerdo para la unidad del fútbol femenino en Tenerife, urdido a espaldas de estos dos consejeros. «Soy un miembro del consejo de administración de una entidad mercantil que maneja millones de euros al año y que no recibe ninguna documentación al respecto, incluso cuando la solicita, y eso raya el ilícito penal», enuncia el presidente, quien negó ayer que vaya a quedarse de brazos cruzados. «Voy a acudir a todas las instancias, así sea incluso judicializando esta cuestión. Si se convoca una reunión de hoy para mañana por arte de birlibirloque para apoyar este acuerdo con el Egatesa, estaría viciada absolutamente, no sería legal», apostilló.

Sus declaraciones

«Puedo asegurar que voy a estar hasta el final. He sido muy cauto en mis intervenciones públicas para intentar sacar el foco de la institución hasta que acabase la temporada deportiva, pero ha llegado el momento de alzar la voz», reiteró. «Soy miembro del consejo y administrador de la entidad y de la Fundación. Soy responsable de las cosas que pasan, y en esa corresponsabilidad voy a defender esto a muerte», fue otro de sus mensajes, que ofreció antes de acceder a la reunión, que estaba prevista para las cuatro y media de la tarde.

Antes, en una entrevista concedida a Radio Marca, el consejero Francisco Miguel Heredia había subrayado cuál es el grado de deterioro de las relaciones entre consejeros. «La verdad es que no vamos todos a una, es lo que percibe también el aficionado», apuntó. De paso, mostró su plena predisposición a que se ejecute una ampliación de capital en el representativo para salir de la situación de colapso financiero que acusa la sociedad anónima.

«A mí desde febrero se me está obstruyendo información. Para hacer mi trabajo necesito tener información jurídica e información económica, para eso están las actas y los documentos, y si no se me dan, voy a actuar en consecuencia», avisó. De paso, defendió la presidencia de José Daniel Díaz, que ahora hasta cuatro consejeros (Felipe, Porro, Rayco y Ayoze) ponen ahora en tela de juicio. Ni un día de paz en el representativo, que vive en una crisis permanente.