La declaración de Garrido en un juzgado de Arona se aplaza por un fallo en la videoconferencia

El máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, tenía previsto declarar este miércoles por videoconferencia en un juzgado de Arona.

Finalmente, la comparecencia del inversor madrileño ha tenido que aplazarse por un fallo en el sistema. Fuentes judiciales aseguran que no hay nueva fecha aún para que Garrido pueda prestar declaración en relación a la denunciada -presentada por un empresario inglés- a consecuencia de un proceso de compra de acciones del conjunto blanquiazul.

A Garrido se le acusa de estafa y falsedad documental. A raíz de esta denuncia efectuada contra el propietario de las empresas Eolus Capital Ltd. y Only One Way, un importante lote de 100.000 acciones del club deportivo le fueron embargadas.

A la presidenta del Cabildo se le ha preguntado por este asunto en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la corporación insular. "No estoy al tanto de las declaraciones de nadie", ha sido su respuesta. A continuación, sí ha remarcado el pleno compromiso de la institución con el CD Tenerife, "esté en la categoría que esté".

Acciones embargadas

En el CD Tenerife había entrado en el mes de marzo una notificación judicial por la cual se le embargan unas 100.000 acciones que pertenecían a José Miguel Garrido. Los títulos que el madrileño no puede utilizar -al menos temporalmente- para su posible venta pertenecen a sus sociedades Only One Way y Eolus Capital Ltd.

Este procedimiento tiene carácter preventivo y está relacionado con la denuncia presentada por un inversor inglés, inicialmente en los juzgados de la capital tinerfeña y a continuación en Arona. En el municipio sureño, la reclamación fue admitida a trámite solo unos días antes de la celebración de la última Junta General de Acciones en el conjunto blanquiazul; pero no cambió ni influyó en el resultado de la misma.

En cuanto a la querella en cuestión, fue interpuesta por el procurador de un inversor británico con el que Garrido había iniciado negociaciones para la venta de un lote de acciones suyas que estaban sindicadas y que, por lo tanto, no podía vender sin comunicación previa al resto de actores del proceso. En este sentido, los empresarios locales Miguel Concepción, Amid Amid y Conrado González entienden que el incumplimiento del acuerdo de sindicación fue flagrante por parte del madrileño. Con esta querella siguiendo el curso esperado, tendrían base jurídica para romper amarras con Garrido.