El fin de Garrido se acerca en el CD Tenerife: a los tribunales por cinco «incumplimientos» graves

Aunque de puertas afuera se aparenta normalidad, la guerra soterrada entre algunos de los grandes accionistas del CD Tenerife continúa ofreciendo capítulos de índole dispar y casi todos con connotaciones judiciales. El más reciente ha sido la formulación de una reclamación (por la vía de la reconvención)de los tres componentes canarios del «sindicado» –Miguel Concepción, Conrado González y Amid Achi– contra José Miguel Garrido, empresario que aún figura como máximo accionista de la sociedad anónima blanquiazul.

Esta demanda de los inversores locales es la respuesta a la querella interpuesta a su vez por el madrileño, quien les reclama un total de 14.594.173 euros euros por los sucesos acaecidos en la Junta General del pasado mes de diciembre, cuando se produjo–el doble cese de Santiago Pozas y Juan Guerrero. El paisaje cambió otra vez en febrero, cuando Garrido se cobró su venganza y, de acuerdo con Rayco García, forzó la destitución de Samuel Gómez Abril y las reprobaciones de Paulino Rivero y Conrado González. Dicho de otro modo, cargó contra sus propios compañeros de sindicado, pacto que en la práctica ya no sigue vigente. Así lo prueba la actual composición del consejo de administración, donde se ha producido por cooptación el nombramiento de Felipe Miñambres y ya no se sigue el reparto de sillones que fijaba el contrato secreto suscrito en 2022 en una notaría de Adeje. Supuestamente, la alianza no caduca hasta el día de Reyes de 2028, pero la realidad es que ya ha perdido casi cualquier efecto. ¿Por qué? Porque ya Garrido no manda y el papel de Concepción, Conrado y Amid es testimonial. De hecho, fueron ellos quienes propusieron las incorporaciones de José Daniel Díaz, que ejerce como presidente no ejecutivo; y de Francisco Miguel Heredia. Sus intentos por hacer valer el acuerdo primigenio y ubicar a un tercer hombre de su cuerda han resultado baldíos, por cuanto en el momento de las votaciones, Rayco ha impuesto su mayoría (que era de tres a dos, y ahora queda reforzada con el fichaje de Felipe).

Denuncia contundente

El caso es que las diferencias entre los grandes accionistas se dirimirán en los tribunales, salvo que haya acuerdo antes. La situación de Garrido no es nada fácil. La denuncia contra él es «contundente» –según la describen fuentes de la parte canaria del sindicado– y además enumera, punto a punto, los cinco incumplimientos «flagrantes»en los que habría incurrido el propietario de Eolus Capital Ltd. y Only One Way, S.L. En primer término se detalla que votó en sentidos opuestos con las acciones de cada una de sus sociedades en la Junta General de febrero, lo cual atenta contra el espíritu del contrato de sindicación de acciones, y concretamente contra el compromiso de ir unidos en la defensa de los intereses del club y de los propios firmantes del pacto.

Otra de las situaciones que denuncian los empresarios locales tiene que ver con la ausencia –después de la última asamblea– del representante en el consejo que, por cuota, le corresponde a Amid Achi. Paradójicamente, el propietario del Grupo Número Uno figura entre los empresarios con un mayor número de títulos en el listado de grandes accionistas;pero a su vez se quedó sin un hombre en el consejo por la destitución de Samuel, la cual propició con sus votos el propio Garrido. Al menos, así consta en el resultado de las votaciones de la Junta, en la que una de sus empresas votó a favor de la salida del economista tinerfeño.

En un tercer epígrafe, la denuncia contra Garrido le achaca inacción e irresponsabilidad por el no nombramiento de un reemplazante tras la salida –por presuntos motivos personales– de la notaria Alba Aula, que abandonó el consejo blanquiazul a petición propia y mucho antes de la Junta General de diciembre. Hacen constar los denunciantes que correspondía a Garrido la responsabilidad de definir la identidad de un sustituto, lo cual no hizo, abocando al club y al propio órgano directivo a una situación de altísima tensión, como así denunciaron algunos de los intervinientes de la histórica asamblea de diciembre. De hecho, la salida de Aula dejó el consejo bajo mínimos y con el riesgo real de que cualquier contingencia con alguno de sus integrantes pudiese dejarlo inoperativo.

En la reclamación judicial se detallan otros dos epígrafes, hasta hacer un total de cinco, por los cuales la parte local del sindicado considera que hay base jurídica para poder romper amarras definitivamente con Garrido. En la demanda, a la que ha tenido acceso EL DÍA y que fue presentada el pasado martes, se refleja igualmente que el madrileño emprendió negociaciones formales para la venta de un paquete de títulos de la sociedad anónima–las que intentó endosar a un inversor inglés– sin el imprescindible visto bueno de Conrado, Amid y Concepción, que se habían garantizado por escrito que cualquier traspaso accionarial debía ser aprobado por unanimidad de los protagonistas de la alianza.

¿Qué es una reconvención?

Lo que ha ocurrido en la pugna que mantiene Garrido con los que empezaron siendo sus compañeros de viaje es que su demanda primigenia ha hallado un efecto bumerán. Su reclamación se ha topado con lo que en términos jurídicos se conoce como «reconvención». Es una demanda que el demandado presenta contra el demandante en el mismo proceso judicial. Se trata de una contrademanda que se formula al contestar la original. Los empresarios locales consideran que ellos no incumplieron el contrato, por cuanto en la asamblea de diciembre se abstuvieron. Garrido, cercado por los frentes judiciales, parece abocado a negociar. Su salida está más cerca.