Dos vías para romper con Garrido antes de febrero

Con el equipo sumido en una crisis deportiva sin precedentes, el CD Tenerife vuelve a jugarse su futuro en la parcela institucional a corto plazo con la celebración de una nueva Junta General de Accionistas. La asamblea apunta al 17 de febrero –ha sido requerida por José Miguel Garrido y ese día se cumplen los preceptivos dos meses de espera después de la última– pero el actual consejo de administración tiene la facultad de retrasarla por algunas semanas si lo estima conveniente. Sea como fuere, habrá que volver a votar. Y lo que solicita el aún máximo accionista es revocar los nombramientos realizados en diciembre y que le privaron de mantener el control en la parcela deportiva. A su vez, prevé imponer la incorporación de nuevos administradores.

En las próximas semanas habrán de disiparse algunas dudas respecto a esta Junta: la primera, cuál será la fecha de su celebración; y la segunda, los nombres que Garrido plantea para entrar en el principal órgano de dirección. A estas alturas, no está claro que abogue por sus lugartenientes de confianza, Santiago Pozas y Juan Guerrero. Éste último, por cierto, ha verbalizado en círculos muy privados que no sería plato de buen gusto tener que volver al organigrama de la institución, donde ya sabe que no es apreciado ni querido.

El caso es que Garrido puede proponer tantos nombramientos como desee, siempre y cuando el consejo se mantenga entre cinco y siete consejeros. Irse a ocho supondría incumplir uno de los acuerdos del pacto secreto que mantiene con los empresarios locales (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González), con los que la relación está absolutamente rota a partir de los inesperados acontecimientos de diciembre. Entonces, todos optaron por no votar en el punto del orden del día que proponía los relevos en el consejo. Esta posición –no votar a favor ni en contra de los mismos– les permitió favorecer el golpe de timón en la institución sin incumplir su acuerdo de sindicación con Garrido, cuyos pormenores reveló EL DÍA en una exclusiva que precipitó las negociaciones para el cambio.

La situación es la siguiente: Concepción, Achi y Conrado tendrán que volver a votar; y tendrán que hacerlo según las indicaciones de Garrido porque, de lo contrario, tendrían que asumir una penalización de un millón por persona y votación. Así pues, están abocados a romper amarras formalmente con el madrileño antes de que se celebre la Junta. En este sentido, los expertos jurídicos que velan por los intereses del empresariado local manejan dos opciones para que pueda quebrarse la sindicación. La primera de ellas y a priori la más clara es presentarle una demanda por haber negociado a espaldas de ellos la venta de un paquete de sus acciones –que finalmente no llegó a sustanciarse, pero que incumple los parámetros del contrato privado de 2022– y la segunda opción, en teoría más difusa, es denunciar que Garrido, a cargo de la parcela deportiva y con plenos poderes en ella hasta el pasado mes de diciembre, quebrantó una de las cláusulas referidas al equilibrio financiero en el representativo.

En el segundo punto de la cláusula séptima del contrato, la escritura para la sindicación establece que los consejeros y accionistas tendrán que «abstenerse de realizar actos o tomar decisiones, bien en la Junta General, bien en el consejo de administración, que supongan un incremento de la deuda por encima de la contabilizada al cierre del ejercicio 21/22», y que ascendía a 17,4 millones de euros. En este sentido, los consejeros de Garrido (uno de ellos director general y el otro al frente del área deportiva) dieron luz verde a operaciones como la compra de Maikel Mesa mediante el pago de un traspaso al Real Zaragoza; y a todas luces parece claro que la adquisición de este y otros futbolistas no fueron transacciones que favorecieran la reducción de la deuda, que a la finalización de la temporada 22/23 se elevó a 19.157.624 euros.

El equipo jurídico de los empresarios locales estudia todas las alternativas para romper el sindicado a tiempo y poder votar cada uno por su cuenta en la Junta General de febrero o marzo. Además, en esta misma asamblea podría procederse a la salida de la presidencia de Paulino Rivero, hombre crucial en las negociaciones para aupar a Rayco García al escalafón de grandes accionistas primero; y a continuación también al principal órgano de gestión del representativo.

El aún presidente blanquiazul fue quien ejerció de mediador en las tres reuniones –todas ellas en Madrid– que propiciaron un acercamiento con Garrido para llegar a un acuerdo de venta de sus acciones (por 12 millones de euros) que finalmente no se llevó a cabo, y que tenía por fecha de caducidad el 31 de diciembre. Para esa fecha, Rayco tenía que haber obtenido luz verde de Achi, Concepción y Conrado González, si bien la película de los acontecimientos devino en un rocambolesco giro de guion que acabó con el abrazo del oso de los tres a Garrido, que se quedó en shock en Londres mientras seguía la Junta General en la distancia. Horas antes de su celebración, había ordenado a través de Santiago Pozas que la asamblea no pudiese emitirse a través de los medios de comunicación, pero fracasó también en esta tentativa de ocultar lo que allí ocurriría.

Todas las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el club no puede verse abocado a una inestabilidad permanente y que Rayco García necesitará, tarde o temprano, de una mayoría accionarial solvente para poder controlar el club sin estar sujeto a la convocatoria sistemática de nuevas juntas generales, como así ocurre en el Sevilla CF, modelo del que el Tenerife quiere alejarse y además cuanto antes.

Casi cualquier solución pasa por una adquisición de acciones por parte de García Cabrera, falta por ver a quién. Si a quien compra es a alguno de los empresarios locales, tendrá que ser previa ruptura del sindicado, porque ahora mismo ninguno está en disposición de vender sin el acuerdo del resto. Como medida provisional, otra opción es que ante la Junta General de primeros de este año se apoye en su alianza con Juan Pelayo y en una alta y extraordinaria movilización de los socios minoritarios, acompañada también de alguna otra operación de compra que pueda fortificar la posición del hombre de fútbol y negocios de Santa Úrsula.

Con el año recién comenzado y los dos primeros partidos ya jugados por parte del Tenerife, los altos cargos de la sociedad blanquiazul mantienen cierto recelo porque no saben si el nuevo modelo va a funcionar y repercutir en una mejora ostensible de los resultados. Respecto a los puestos de trabajo, Rayco ha prometido serenidad y pausa en la toma de decisiones. No obstante, la amenaza de descenso sigue siendo muy real y en las entrañas del Heliodoro hay verdadero temor a que el Tenerife pueda quedar bloqueado en sucesivas asambleas. Nadie ve a Garrido con mucho margen de maniobra para volver a situar sus alfiles dentro del consejo, al menos con poder de decisión. Por su porcentaje de acciones (tiene un 26% del total) puede llegar a imponer un nombre, pero desde la parte canaria del sindicado, el entorno de Rayco y también desde el Cabildo transmiten plena confianza en que se encontrará la solución para que el madrileño no vuelva al bastón de mando. Aislado de todos los estamentos relevantes del tinerfeñismo prestigio durante los casi dos años que gobernó la institución, Garrido considera que esta guerra aún no ha finalizado. Próximo episodio, entre febrero y marzo.

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