La Junta del CD Tenerife solicitada por Garrido apunta al 17 de febrero de 2025

El CD Tenerife inicia el nuevo año con la perspectiva de que la gestión de sus recién nombrados dirigentes pueda verse afectada por la convocatoria de nuevas juntas generales y movimientos de diversa índole para derrocar al consejo de administración que lidera Rayco García, si bien hasta el 30 de marzo (tal vez el relevo se produzca antes) figurará como presidente Paulino Rivero. Por lo pronto, ya se ha producido por parte de Santiago Pozas –en nombre de José Miguel Garrido– la solicitud de celebración de una asamblea a la mayor brevedad posible.

El inversor madrileño y todavía máximo accionista del representativo se aferra a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a los administradores a convocar la Junta General –en un plazo de dos meses–, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el 5 % del capital social y hayan expresado en la solicitud (mediante requerimiento notarial) los asuntos a tratar.

De este modo, la asamblea requerida por Garrido apunta al 17 de febrero, fecha en que se cumplirán dos meses de la histórica Junta General que devino en el cese de los consejeros Santiago Pozas y Juan Guerrero, y del consiguiente nombramiento de Ayoze García y Octavio Cabrera en sus respectivos lugares. El nuevo consejo podría demorar unos días la celebración de la Junta, pero está obligado a llevarla a efecto sin excesiva demora. De lo contrario, Garrido podría recurrir a otras vías para lograr su propósito. «Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria, previa audiencia de los administradores, por el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social».

Hasta la fecha no han trascendido demasiados detalles de los epígrafes que pretende abordar Garrido. Sí se sabe que buscará mediante votación el cese de alguno de los consejeros que forman parte ahora de la directiva blanquiazul (son cinco, de los que en breve dimitirá Paulino Rivero) y formulará el nombramiento de otros. En este sentido, falta por definir si apostará nuevamente por sus lugartenientes de confianza en la Isla (Pozas y Guerrero) o prefiere abogar por otros perfiles. Antes de que esto ocurra, el actual consejo tiene la facultad de nombrar –por cooptación– a uno o dos administradores más, hasta llegar al máximo de siete que establecen los Estatutos del CD Tenerife.

La gran pregunta que encierra la nueva Junta General tiene que ver con el riesgo real de que se produzca un nuevo giro de timón en la configuración del consejo de administración. Lo normal es que siga gobernando la actual directiva, eso sí, con altas probabilidades de que sea con nuevos refuerzos (la intención es incorporar a una mujer a corto plazo). ¿Cómo lo piensa lograr Rayco? La opción más potable es que lo haga con el apoyo de uno o varios miembros del llamado «sindicado» de acciones (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González), justamente aquellos que en la asamblea de diciembre decidieron abstenerse para así facilitar la entrada de nuevos consejeros y la expulsión de los salientes.

Ahora bien, si lo hacen de nuevo ya no será en las circunstancias excepcionales del 17D (un punto incorporado in extremis al orden del día) y, por ende, estarán incumpliendo el contrato secreto que firmaron en 2022 y que este mes de diciembre reveló EL DÍA en exclusiva. Tal y como destapó este periódico, cada vez que voten en contra, el empresario que incumpla (o los tres) tendrán que abonar un millón de euros.

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No está clara cuál será la estrategia que seguirán para esquivar el pago de penalizaciones. Una de las posibilidades es establecer denuncias cruzadas, como así explica el abogado José Luis Canal, y entrar en un litigio judicial con Garrido por entender que ha sido el madrileño el primero que ha quebrantado el pacto. Sea como fuere, los empresarios canarios dicen estar preparados para dar batalla. Entretanto, Rayco tendrá que hacer un ejercicio de equilibrio y gestión para no enemistarse con ellos; y mantener su confianza en esta junta y las siguientes.

Es de suponer que el primer movimiento que ha realizado Garrido después de su estruendosa derrota de este mes tiene por propósito provocar que sus socios del sindicado incumplan con él de forma flagrante, para así solicitarles la correspondiente indemnización. De lo contrario, se expone a que se prolongue la situación actual, con un gasto multimillonario realizado en acciones del club y sin opción de gobernar, ni venderlas a buen precio, quedando así su inversión abocada al fiasco.

Los especialistas consultados por este periódico apuntan que hay otra posibilidad de derrotar otra vez a Garrido, y que es además la que más teme. Comoquiera que más del 50% de las acciones del club están repartidas entre pequeños accionistas y fuera del sindicado, una movilización extraordinaria de los simpatizantes blanquiazules podría conducir: por un lado, a una participación masiva para pararle los pies al anterior máximo mandatario; y por el otro, hacer viable el milagro de que pueda derrotársele sin romper el sindicado. Nadie garantiza que esto pueda ocurrir, porque la participación tendría que ser altísima, pero sí es seguro que la afición se movilizará para evitar que el club caiga, otra vez, en el bienio fatal que le llevó a la miseria.