Una irresponsabilidad que golpea al tinerfeñismo

La revelación del acuerdo confidencial que suscribieron el 19 de septiembre de 2022 los empresarios locales Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González Bacallado con el inversor José Miguel Garrido Cristo, al que convirtieron en máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, ha tenido un extraordinario alcance tras su publicación por parte de este periódico. Además, ha suscitado un sinfín de reacciones de gran relieve y calado. Entre otras, la del Cabildo Insular, cuyo vicepresidente ha señalado que las cláusulas que firmaron estos inversores «son casi imposibles de revertir». Además, la Federación de Peñas ha convocado una manifestación de gradas vacías para los primeros 15 minutos del próximo partido en casa ante el Deportivo de La Coruña. Por vez primera, la protesta no irá dirigida solo a los gestores de la institución, sino también a los componentes del llamado «sindicado», que han bloqueado al Tenerife hasta 2028 en un grave ejercicio de irresponsabilidad y nula transparencia.

La exclusiva de EL DÍA ha servido a todos los abonados y accionistas blanquiazules los detalles de un acuerdo que se les había ocultado y merecían conocer. Hasta la fecha, dentro y fuera del club blanquiazul existían claras sospechas de que estos empresarios habían concedido a Garrido todo el poder, pero se desconocía hasta qué punto y en qué parámetros. La revelación del pacto -conocido a través de las páginas de este periódico en varios episodios, publicados desde el pasado lunes- desnuda el papel absolutamente ornamental de Paulino Rivero, sin capacidad siquiera para firmar operaciones en nombre del representativo; y también el de Mauro Pérez, un director deportivo que, en realidad, es solo un consultor al que se le pide opinión sobre fichajes. Ambos quedan en una posición muy delicada y es natural que puedan estar considerando la opción de su renuncia.

En resumen, a través del acuerdo se concede el 100% de los poderes en la parcela deportiva -obviamente la más importante en un club de fútbol- a un particular cuyo lote accionarial no llega ni a una cuarta parte del capital social. En virtud de este acuerdo intolerable y claramente lesivo para el Tenerife, Garrido manda y ordena, hace y deshace en la distancia desde su residencia de Londres. Lo hace con un perfil ineficaz y en ocasiones obsceno, con capítulos lamentables como los protagonizados por el consejero Juan Guerrero, un hombre poco capacitado para el cargo que ha llegado a proferir graves insultos contra aficionados y periodistas en una deriva lamentable.

Ahora ya sabemos que el anterior presidente, Miguel Concepción, firmó el acuerdo a cambio de ingresar una millonaria cifra que le permitió evitar la prisión, una vez ya había sido condenado en sentencia firme a resultas del caso Islas, pero el trabajo periodístico publicado estos días descubre además que se garantizó numerosos privilegios y derechos que ahora han visto la luz. En cuanto a Amid Achi y Conrado González -en nombre de este último firmó su hermana-, el pacto revela que traspasaron centenares de acciones del club y que participaron igualmente de la entrega de las llaves de la institución a Garrido y su equipo.

Vistos los nefastos resultados de este modelo de gestión en sus dos primeros años de vigencia, puede inferirse que un pacto secreto entre particulares ha ubicado a un club centenario y representativo de toda la provincia en una crisis de dimensiones gigantescas, sin remedio aparente a la vista. Es natural que estos empresarios se sientan responsabilizados y señalados por la pésima decisión que adoptaron en 2022, momento en que plegaron los intereses del club a los suyos propios y pusieron alfombra roja a un negociante que no había tenido una sola experiencia de éxito en la búsqueda del objetivo planteado: el ascenso del club a Primera División.

Cabe preguntarse si estos avezados empresarios, de reconocido éxito en sus respectivos ámbitos, habrían tenido tan poco cuidado y diligencia a la hora de gestionar y firmar estos contratos si lo que hubiese estado en juego fuera la viabilidad y futuro de sus empresas, sus bienes o su patrimonio personal. Parece difícil de creer que en cualquier operación en sus múltiples y fructíferos negocios hubiesen permitido estas cláusulas de casi imposible resolución, calificadas con acierto como «leoninas» por parte de Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo, corporación cuyos dirigentes afrontan con el mismo desasosiego que la afición y la ciudadanía el caos absoluto que vive el CD Tenerife. Un naufragio que tiene responsables con nombres y apellidos.

Es objetivamente una muy mala noticia que estos empresarios suscribieran en su momento este pacto particular y confidencial que deja al club en un callejón sin salida. Pero ante todo es higiénico y saludable que se sepa al final la verdad, que nos permite saber el cómo y el porqué de una operación a todas luces estrepitosa. Un proceso en el que se pusieron los intereses personales y empresariales por delante de una institución que nos importa y representa a todos.