El presidente de la Federación de Fútbol de Tenerife, seguro de que no cometió ninguna irregularidad

Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), declaró este lunes en calidad de investigado por la denuncia que presentó el pasado mes de febrero el secretario general y asesor jurídico del órgano federativo provincial, Rayco Cabello, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, por presunta apropiación indebida y administración desleal.

La declaración del dirigente fue satisfactoria. A grandes rasgos, es la conclusión que extrajo su representante legal, José Carlos Velasco. «Tuvimos la oportunidad de explicarnos y contar nuestra versión de los hechos, y nos quedamos muy tranquilos», explicó a El Día.

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Convencido de su inocencia

El letrado aseguró que Morales Mansito pudo «explicarse perfectamente» y trasladó a su señoría el convencimiento de que no cometió ningún tipo de irregularidad.

Para Velasco resulta llamativo el «comportamiento» del asesor jurídico de la Federación Interinsular. «Eso demuestra que los intereses son otros a los que se han expuesto en la denuncia», apuntó. Entrando en detalles, avanzó que «se van a aportar las auditorías de las cuentas para que se vea que todos los gastos fueron aprobados y firmados por el tesorero y por el asesor jurídico, es decir, por el propio denunciante».

En esa línea, contó que «su señoría quedó francamente sorprendido»con la información aportada sobre el visto bueno que dio Cabello al uso de la tarjeta que desencadenó la denuncia. «Es remarcable que se presentara una denuncia por el uso de una tarjeta cuyos gastos estaban auditados y aprobados por una asamblea y firmados por él mismo», indicó refiriéndose a Cabello.

Uso indebido de tarjetas

Según la denuncia, Morales Mansito utilizó de manera indebida fondos de la Federación Interinsular de Fútbol a través de tarjetas corporativas asignadas exclusivamente para gastos de representación. Sin embargo, según el denunciante, se identificaron pagos recurrentes en conceptos ajenos a la actividad federativa, tales como comidas, bebidas, combustible y otros gastos personales, que ascienden a 59.484,13 euros.

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La investigación se inició tras la revisión de los extractos bancarios de las tarjetas corporativas utilizadas por el denunciado desde agosto de 2022 hasta enero de 2025, verificándose que una parte significativa de los movimientos carece de justificación documental o respaldo administrativo.