Hibristofilia política

Hay palabras que incomodan porque nombran con precisión lo que muchos prefieren mantener en penumbra, y una de ellas es «Hibristofilia». El término designa, en su origen, la atracción erótica por criminales violentos. Pero el interés hoy aquí no es sexual, sino político. Porque lo que comenzó como una categoría psicoanalítica y psiquiátrica ha mutado en una estructura social del deseo, con efectos visibles sobre el orden público, la seguridad y la propia supervivencia de las democracias occidentales.

Desde el psicoanálisis, la hibristofilia no es una excentricidad romántica, sino una configuración libidinal en la que el deseo se dirige al otro a pesar de su violencia, y probablemente a causa de ella. El criminal encarna lo que el sujeto no puede ejercer, la ruptura de la ley y la impunidad simbólica. Aquí Eros no se opone a la pulsión de muerte, sino que se alía con ella, y como resultado, amar al criminal es participar vicariamente de su capacidad de destruir el orden simbólico. Viniendo etimológicamente de hybrizein (en griego antiguo: cometer un ultraje, violencia) y philia (en griego antiguo: atracción, amor), tenemos que la hibristofilia es la atracción sexual o romántica hacia individuos que han cometido actos criminales violentos, y que no implica necesariamente una conducta sexual directa, sino que puede manifestarse como fascinación erótica, idealización amorosa, y necesidad de «salvar», «comprender» o «fusionarse» con el criminal.

La psiquiatría clásica, con Richard von Krafft-Ebing a finales del siglo XIX, en su Psychopathia Sexualis describió la hibristofilia como una parafilia, en la psiquiatría contemporánea no aparece como diagnóstico autónomo en el DSM-5-TR, pero sus manifestaciones y patrones se reconocen, y el término, como tal, fue acuñada por el sexólogo John Money en la década de 1980.

El verdadero salto, y aquí empieza el problema político, ocurre cuando este esquema abandona al individuo y se colectiviza. La hibristofilia deja de ser erótica y se convierte en ideología, y ya no se desea al criminal como persona, sino lo que el crimen produce, que es miedo, descomposición, y disolución de identidades. Hasta el punto en que el delito deja de ser un fallo del sistema y pasa a ser una función, una herramienta.

Tenemos un precedente histórico en el bolchevismo temprano. Entre 1917 y 1922, el régimen revolucionario ruso institucionalizó por primera vez esta lógica, Karl Marx había despreciado al lumpenproletariado por su carácter amorfo y manipulable, y Vladimir Lenin dio el giro decisivo cuando vio que no necesitaba conciencia sino capacidad destructiva. Desertores, criminales y desclasados fueron convertidos en instrumentos históricos, y la violencia no era un exceso, sino que era pedagogía. El daño al propio pueblo no fue un error, sino un sacrificio aceptable en nombre de un futuro abstracto.

Ese molde hoy día no ha desaparecido, sino que se ha refinado. En la izquierda radical europea, el patrón reaparece, pero con un lenguaje moralizador que produce efectos similares. En Francia, el discurso asociado a Jean-Luc Mélenchon tiende a convertir al delincuente externo o marginal en sujeto político implícito, un producto inevitable del sistema, fuerza de presión legítima contra la nación histórica, de modo que la inseguridad no se combate sino que se reinterpreta, y la nación deviene culpable por existir.

En España, el discurso de Podemos muestra la misma estructura, una minimización sistemática del vínculo entre delito y responsabilidad, la aceptación tácita de la victimización de la población propia como coste histórico, de forma que, como entre los demócratas y laboristas de EEUU o de UK, surge una hostilidad estructural al sujeto nacional. El desorden, entonces, no es un fallo de gestión, sino un correctivo simbólico contra aquello que se desea disolver. Una de las manifestaciones de Irene Montero e Ione Balarra, a gritos, dice literalmente: «Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante... claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores...».

En Estados Unidos, sectores del Partido Demócrata han ensayado una versión administrativa del mismo fenómeno, la despenalización fáctica, el debilitamiento de la policía y la negación del impacto del crimen urbano, dando como resultado una hibristofilia para que el orden heredado se erosione. En el Reino Unido, bajo Keir Starmer, el proceso es más frío aún, de forma que no hay romanticismo revolucionario, pero sí se ha renunciado explícitamente a proteger un demos concreto.

No es que Mélenchon, u Obama, o Starmer, o Montero e Ibarra, deseen al delincuente, sino que el sistema ideológico produce un goce simbólico similar al hibristófilo. Cuando una ideología tolera la violencia ajena, minimiza el daño a su propia población, y presenta la inseguridad como fase necesaria del progreso, no estamos ante ética ni compasión, sino ante hibristofilia política, la fascinación por la destrucción investida de virtud, donde el criminal ya no es un problema sino un recurso simbólico. No toda política migratoria laxa es hibristofilia política, lo es cuando se niega sistemáticamente el vínculo entre política y consecuencia, cuando se reinterpreta la victimización propia como progreso ¿Pero puede una democracia sobrevivir cuando sus élites consideran la disolución de su pueblo un precio aceptable por la virtud performativa?

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