Una jueza de Granollers ha abierto una investigación contra Félix Millet, expresidente del Palau de la Música condenado por el saqueo de la institución, por la presunta desaparición de varios enseres de valor de la mansión en la que vive en l'Ametlla del Vallès. Estos objetos estaban embargados por orden judicial para resarcir el expolio del auditorio barcelonés. La ocultación de estos objetos se descubrió en el seno de la ejecución de la sentencia que condenó al Millet, de 85 años, a nueve años y ocho meses de cárcel y a devolución, junto con su segundo, Jordi Montull, de los 23 millones de euros que desviaron.
Los abogados del Palau, Marc Molins y Laura Parés, lograron que la Audiencia de Barcelona, que juzgó el 'caso Palau' y en la encargada de ejecutar la sentencia, autorizara el año pasado la entrada de unos peritos a la casa de l'Ametlla para valorar las 44 obras de artes embargadas, según ha avanzado El País y ha confirmado El Periódico. La sorpresa es faltaban algunos objetos, como un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, unos colmillos de marfil y decenas de figuras de este material, según el acta en que la que aparece la firma de dos hijas de Millet, que permanece en prisión. Estos objetos formaban parte de los 44 que que, en el 2012, el juez de instrucción que investigó el saqueo embargó tras ordenar el registro de la vivienda del Millet.
Las fuentes consultadas por este diario aseguran que Millet fue citado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granollers el pasado 28 de octubre, pero que la comparecencia fue aplazada y todavía no hay nueva fecha. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificado que el órgano judicial recibió una denuncia de la Agencia Tributaria y que se incoó un proceso judicial en mayo por los presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida.
La recuperación de lo expoliado
Las fuentes consultadas aseguran que la ejecución de la sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en abril del 2020, no está siendo complicada. No sólo se ha descubierto que faltan las piezas mencionadas, sino que Montull, según se ha denunciado, supuestamente habría ocultado que estaba percibiendo, además de la pensión, ingresos por el alquiler de una propiedad que tiene a medias con su pareja en la localidad costera de El Masnou. La vivienda permanece embargada por la justicia desde 2012.
En este sentido, el pasado 27 de septiembre, la Fiscalía de Barcelona informó que existían indicios de que Montull, que fue condenado a siete años y medio, "no había puesto de manifiesto" todos los ingresos, bienes y derechos a disposición del tribunal sentenciador de la Audiencia de Barcelona. Los magistrados acordaron entonces deducir testimonio a los juzgados para depurar la posible responsabilidad penal en que podría haber incurrido. Esta decisión, ha sido recurrida y, por lo tanto, todavía no se ha hecho efectiva. Fuentes de la familia de Montull, que disfruta del tercer grado penitenciario por su delicado estado de salud, han explicado a este diario que el alquiler de ese piso está declarado a Hacienda y "lo sabía todo el mundo", por lo que niega la posible ocultación.
Otra de las cuestiones pendientes de resolver es el comiso de 6,6 millones de los que tiene que hacer frente la extinta CDC, pues, además del saqueo del Palau, se constató la financiación ilegal de este partido. La formación tiene 22 sedes embargadas, pero, al parecer, no se cubre la suma que debe ser decomisada. De ahí que la Audiencia de Barcelona abriera una pieza para dirimir si Junts y PDECat deben responder por ello como hipotéticos herederos de Convergència.
