El abogado Jaime Sanz es una voz principal del audiovisual de las Islas por su condición de experto en la aplicación de los incentivos fiscales al cine. Los primeros años de su carrera en el sector los desarrolló de la mano del productor grancanario Adrián Guerra, de cuya empresa, Nostromo Pictures, llegó a ser director financiero. En la actualidad, Sanz es socio de NGR Abogados. Doctor en Derecho tributario y consejero de Macaronesia Films. Autor del informe sobre el cine en las Islas encargado por la empresa pública Proexca, defiende que “los incentivos fiscales canarios no son un privilegio”.

De forma sorprendente, las novedades en los incentivos fiscales al cine han sido posibles gracias a una enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña a la Ley de Presupuestos Generales del Estado apoyada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

Así es. Y se han introducido demandas provenientes de agentes del sector de Canarias, inversores, productores, incluso de la propia administración canaria, aunque no mantenga competencias en la materia. Es interesante destacar que se han copiado aspectos que estaban recogidos en el redactado del certificado de obra audiovisual canaria. Ha habido un trasvase de conocimiento desde Canarias con medidas que también beneficiarán a Canarias.

¿Cómo ha sucedido eso?

Canarias va por delante de otros territorios españoles en la contribución de los incentivos fiscales a la industrialización del sector y su regulación jurídica. Hemos sido los primeros en detectar las problemáticas que se iban dando y, por ese motivo, somos los primeros en proponer fórmulas para resolverlas.

¿Qué explica esa suma de votos de partidos tan divergentes para aprobar la norma, independentistas catalanes unidos a todo el espectro de la derecha política española, y el rechazo de PSOE y Podemos?

Los partidos sin responsabilidad de gobierno suelen acoger muy bien el tema del desarrollo audiovisual por los indudables y contrastados atractivos que tiene como industria. Pero la realidad es que, cuando se llega al Gobierno, los cambios producen cierto rechazo. También es verdad que llevamos unos cuantos años ya sin un Gobierno que cierre una legislatura y, en materia cinematográfica, sin un plan nacional, todo han sido parches. PSOE y Podemos prometían cambios en la misma línea que los ahora aprobados, solo que decían que serían implementados “en otro momento” de la legislatura.

¿Sirve la nueva norma de muro de contención frente al desastre que se prevé en el sector por la pandemia?

Las demandas se venían pidiendo antes, pero la crisis del Covid-19 seguramente ha tenido mucho que ver para que se hayan implementado ahora.

Concretamente, ¿cuáles son los cambios?

Lo fundamental es que abre la posibilidad de poder aplicar los incentivos sin Agrupaciones de Interés Económico (AIE), pues se entendía que estas podían desincentivar, por la dificultad y complejidad de su estructura. Para resolverlo se copia el modelo que recientemente aplicó Navarra.

Cómo es el trámite ahora.

A través de un mero contrato de financiación entre empresa inversora y productor. La primera le aporta el dinero y el productor le devuelve un certificado con las deducciones fiscales que le corresponden. Es lo mismo que ocurre cuando se hace una donación, por ejemplo, a una ONG.

¿Esto simplifica tanto el proceso?

Muchísimo, el cambio es radical. A partir de ahora desaparecerán en gran medida los títulos de crédito con la figura de una AIE siempre presente al inicio de las películas españolas en los últimos años. En todo caso, la posibilidad de estructurarlo a través de una AIE se mantiene.

¿Qué ventaja tiene entonces seguir constituyendo una AIE?

La rentabilidad máxima del inversor en el caso del contrato de financiación entre empresa inversora y productor está limitada a un 20%, mientras que con una AIE es ilimitada. La nueva fórmula es tan sencilla que se espera que regule el mercado para que las rentabilidades del inversor se sitúen en unos tramos más razonables. Anteriormente, por las dificultades estructurales de las AIE, sucedía que existían más películas que inversores, con lo cual este último podía imponer el valor de su rentabilidad.

¿Qué otras modificaciones hay?

Hasta ahora el control de conceptos como el de productor se realizaba tanto por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), como el de Hacienda, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Y ocurría que a veces nos encontrábamos con dos calificaciones diferentes sobre el mismo hecho por cada una de estas administraciones.

¿Eso qué problemas generaba?

Que, en ocasiones, la administración de Cultura reconocía como productora a las AIE y Hacienda no.

¿Esto cómo se ha resuelto?

Del lado de Cultura y con la misma redacción que tenemos para el certificado de obra audiovisual canaria. Desde ahora, si el Ministerio de Cultura recoge que tal empresa es la productora, esto no se podrá recalificar por la autoridad tributaria.

¿Qué ventajas tiene el cambio?

Dota de seguridad jurídica a quien esté generando los incentivos fiscales. Es un paso relevante que viene a reforzar que el concepto de productor debe ser único, pues así lo establece la ley de propiedad intelectual española, y quien tiene autoridad para reconocerlo es la administración del propio sector. Dicho esto, Hacienda mantendrá el derecho y deber de control del resto de requisitos para la correcta aplicación de los incentivos.

Hay la impresión de que nada más ha habido inspecciones, y litigiosidad, en películas rodadas en Canarias. ¿Por qué?

Existen inspecciones en todo el territorio, si bien en Canarias, por su potencia, se hace más necesaria la correcta aplicación de los incentivos. Esto tiene que ver con nuestra diferencia de 20 puntos respecto a la Península por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Pero esta ventaja no puede considerarse como un privilegio, sino como lo que en realidad es: compensaciones por nuestra condición de territorio ultraperiférico y fragmentado con el objetivo de que Canarias alcance los parámetros económicos y sociales de la media de la Península y la Unión Europea.

¿Qué otros aspectos destacados hay?

Una demanda histórica del sector en Canarias era que pudieran participar de las deducciones fiscales en las Islas empresas y entidades no solamente canarias. Parece que ha sido voluntad del legislador alcanzar también dicha posibilidad, si bien habrá que analizar su desarrollo e interpretación.

¿Cómo se ha logrado?

Con dos herramientas. Por un lado, se han aumentado del 25 al 50 % los límites peninsulares de aplicación de la deducción. Antes hacía falta que la empresa inversora tuviera muchísimos beneficios –esto es, que pagara muchos impuestos– para poder aplicar los incentivos. Ahora podremos encontrar empresas de menor dimensión a las que resulte interesante participar. Por otro lado, la nueva ley establece un mecanismo por el que puedan invertir en cine de Canarias, con los incentivos fiscales canarios, empresas de fuera de las Islas mediante la imputación de las deducciones en cuota y no sus bases.

¿La ventaja de Canarias respecto a la Península era más supuesta que real?

Sí, por muchas ventajas que ofrezcas sobre el papel, al final sale más barato en términos netos rodar en Almería o Galicia, la realidad es que no se nos está compensando.

¿Estos factores son los que han hecho que la llegada de producciones españolas a las Islas haya descendido desde 2014, como refleja su informe para el Gobierno de Canarias?

En Canarias pasamos prácticamente de la nada a tener muchísimos rodajes. Buena parte del cine español pasaba por las Islas hace no tanto tiempo. Pero ocurrió que, en un momento determinado, dejaron de venir muchas películas españolas por culpa, por un lado, de la inseguridad jurídica y, por otro, porque había menos inversores debido a la caída gradual de la actividad en Canarias. El parón de los rodajes españoles ha sido muy importante, aunque se ha paliado con la fórmula de la devolución directa del incentivo internacional, establecida en 2015, gracias al cual han llegado las películas de George Clooney, series de Netflix y escandinavas, o Wonder Woman 1984. La nueva ley va a permitir que vuelvan las películas españolas a Canarias.

En lo referido a los incentivos fiscales, ¿hay alguna propuesta en su informe que se haya quedado sin atender con la norma nacional ahora aprobada?

La mejora del incentivo nacional copiando el modelo de devolución directa del internacional no se ha conseguido. Ni tampoco se ha conseguido que el control de la aplicación de los incentivos fiscales sea competencia del Gobierno de Canarias y no de la agencia tributaria estatal. Lo cierto es que puede haber disfunciones si los incentivos fiscales canarios se promocionan desde Canarias con un determinado objetivo, pero luego se aplican por otra administración.

¿Cómo se consigue que Canarias controle la aplicación de sus incentivos fiscales al cine?

El Parlamento de Canarias debería arrogarse primero las competencias. No por ser un impuesto estatal no cabe que se cedan algunas competencias en la aplicación del tributo, como ocurre con el IGIC o el impuesto sobre el Patrimonio. Es un tema que sería razonable que se pusiera sobre la mesa de negociación del REF, que se reúne cada siete años y toca justamente ahora. Esto permitiría, además, no depender de habilitaciones concretas como ha ocurrido este pasado diciembre con la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Según su informe, ¿qué necesita el audiovisual de Canarias para despegar?

A pesar de la brillantina que dan los rodajes internacionales, tenemos un sector industrial débil, mayoritariamente formado por micropymes y profesionales individuales. Por eso, desde todas las administraciones, a todos los niveles, hay que seguir observando y estimulando el crecimiento sostenido hasta ver si nos podemos poner al nivel de otras comunidades. La realidad es que todavía no somos competitivos por nosotros mismos y cualquier cambio en un pequeño aspecto de una norma que nos afecte puede hacer que el sector desaparezca. Hay que seguir industrializando y profesionalizando el sector para ser competitivo más allá de los incentivos.

¿Qué opina de la carencia de contenidos audiovisuales canarios?

Efectivamente, no tenemos una ficción propia, historias propias, guionistas propios, y eso hace que todavía no tengamos una marca de cine canario. El audiovisual canario no tiene un plan definido a medio plazo. Es necesario tenerlo y para ello hay que dotar de competencias y presupuesto a la administración que deba llevarlo a cabo.