Criterios
JUAN ANTONIO GISBERT

Varoufakis vs. Piketty

19/mar/19 6:24 AM
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El 10 de diciembre del pasado año, Thomas Piketty junto con un grupo de economistas próximos presentaron el llamado Manifiesto para la democratización de Europa.

El manifiesto, en esencia, está compuesto por un proyecto de nuevo tratado de la Unión, que contemple una Asamblea Europea de carácter híbrido, esto es, formada por parlamentarios europeos y parlamentarios nacionales, que democraticen las políticas y las instituciones europeas, y un presupuesto común que permita alcanzar la justicia fiscal y social, así como abordar con eficacia las emergencias medioambientales y migratorias en Europa.

En opinión de Piketty, la gobernanza europea está sesgada ideológicamente hacia una política económica que se basa, casi exclusivamente, en objetivos financieros y presupuestarios, incapaz de hacer frente a los desafíos más relevantes como las crecientes desigualdades en el continente, la aceleración del calentamiento global, la afluencia de refugiados o la falta estructural de inversión pública. Por ello, considera que Europa solamente volverá a conectar con las expectativas de sus ciudadanos si es capaz de demostrar que tiene capacidad para lograr una auténtica solidaridad europea.

Las propuestas del economista francés consisten en un presupuesto de inversiones en activos públicos, a largo plazo, para un desarrollo social, justo y sostenible de Europa, financiado de forma solidaria con cuatro nuevos impuestos: sobre los beneficios de las sociedades, sobre las rentas altas, sobre la riqueza y sobre las emisiones de carbono. Estas políticas, entiende, son inviables con el marco institucional actual, en el que existe una capacidad de veto que impide cualquier política fiscal común.

Considera, sin embargo, que sí serían políticamente viables mediante la creación de una asamblea europea soberana, compuesta por un 80 por ciento de miembros de los parlamentos nacionales, en proporción a la población de cada uno de los países, y un 20 por ciento procedente del parlamento europeo, en proporción al distinto peso de cada grupo político. Esta asamblea debatiría y aprobaría el presupuesto al que se ha hecho referencia anteriormente.

Tres días después de la presentación del manifiesto de Piketty, el economista y exministro de finanzas griego en el primer Gobierno de Tsipras, Yanis Varoufakis, publicó un artículo en The Guardian, presentando lo que ha denominado Green New Deal, como una alternativa al manifiesto de Piketty.

Varoufakis es fundador del Movimiento Democracia en Europa 25 (DiEM25), de carácter paneuropeo, que se propone democratizar las instituciones europeas desde una visión de izquierdas. Varoufakis considera irrelevante el manifiesto de Piketty porque no es más que una devaluación de la ambición reformista de Emmanuel Macron, que ha fracasado como última esperanza del establishment europeo. Siendo aún candidato a la Presidencia, Macron estimaba que, si no avanzábamos de forma sustancial en la reforma de la arquitectura institucional europea, particularmente la de la zona euro, estaríamos decidiendo pasivamente su desmantelamiento, lo que constituiría el penúltimo paso de la desaparición de la propia Unión Europea. Recuerda que la agenda de Macron incluía un fondo de garantía de depósitos común, un presupuesto común ambicioso para financiar un plan de inversiones y un seguro común de desempleo, y un parlamento híbrido, como el que plantea Piketty en su manifiesto.

Pero Macron, según él, ha fallado al desarrollar una estrategia equivocada, consistente en atender los deseos germanos, flexibilizando más la economía francesa, con una nueva legislación laboral, y dotarla de mayor disciplina fiscal, esto es, haciéndola más austera, a cambio de que, en una segunda fase, la canciller Angela Merkel persuadiera a su Parlamento para que aceptara las reformas europeas defendidas por el francés. Pero lo segundo no se ha producido, porque cuando Berlín obtiene lo que quiere en una primera fase de una negociación, en la segunda muestra poca disposición a concesiones sustanciales.

Varoufakis valora positivamente los objetivos de Piketty, pero considera que el camino elegido es una equivocación: intentar gravar a los ricos y a quienes contaminan, para financiar la innovación, las migraciones y la transición verde es, dice, «admirable», pero fantasioso y, sobre todo, insuficiente para afrontar la crisis que vive Europa.

Por eso, su propuesta, es decir, la de DiEM25, consiste en un Green New Deal que destine 500.000 millones de euros anuales a la transición verde de la economía europea, sin establecer nuevos impuestos.

Para financiar el plan, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) emitiría bonos por el citado importe, con el Banco Central Europeo (BCE) dispuesto a adquirir todo lo necesario en los mercados secundarios. Entiende que los bonos del BEI se comprarían como pan caliente por unos mercados hambrientos de activos seguros.

A partir de que con ese volumen adicional de dinero invertido se promueva la transición a una economía verde sostenible, con pleno empleo, se restablecería una Europa próspera y será entonces cuando podamos mantener un debate serio sobre nuevos impuestos, un nuevo presupuesto y unas instituciones europeas más democráticas.

Piketty considera que es mejor financiar la inversión con impuestos; Varoufakis lo estima inviable, porque los nuevos impuestos no podrían establecerse sin el consentimiento nacional, por lo que ningún gobierno conservador querrá, y propone hacerlo con endeudamiento; un endeudamiento que, al ser del BEI, no computaría en los niveles nacionales de deuda sobre PIB. Además, la propuesta de Varoufakis tampoco dependería de un nuevo tratado, una nueva asamblea y un nuevo presupuesto, mientras sí generaría tantos ingresos que daría lugar a un aumento de la recaudación, por impuestos directos e indirectos, recuperando el pleno empleo y la fe de los ciudadanos en las instituciones europeas.

Ciertamente, pretender un nuevo tratado, que incluya una asamblea híbrida soberana, con un mayor nivel de legitimidad democrática, y un presupuesto anual de unos 800.000 millones de euros, contiene una gran dosis de voluntarismo, cuando el Consejo de la Unión no es capaz de adoptar medidas mucho menos ambiciosas. Pero no parece que sea entelequia mucho menor que ese mismo Consejo, con el peso de Alemania y del resto de los países del norte, consienta una macro emisión de bonos BEI, de 500.000 millones anuales, que el BCE estaría obligado a comprar en los mercados secundarios, creando dinero.

El debate, sin embargo, tiene un gran punto de interés, y es que ambas partes están totalmente de acuerdo en que son necesarias grandes inversiones para combatir el cambio climático, crear empleo de calidad y mantener un potente Estado de bienestar. Pongámonos a ello cuanto antes.

JUAN ANTONIO GISBERT