Criterios
LUIS SÁNCHEZ MERLO

La afanosa prueba de la rebelión

24/feb/19 6:36 AM
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En esta segunda semana de comparecencias, se ha reanudado el juicio y las novedades han sido: el anuncio electoral que va a tener repercusión en su desarrollo; la valoración del presidente del Gobierno quien, en TVE, manifestó su "respeto a jueces y fiscales, que están haciendo un extraordinario trabajo", y la citación a Rajoy para que declare como testigo.

Estas prisas por concentrar las declaraciones de los políticos se justifican para alejar su declaración de la campaña electoral. Y son 20, y variados, los que van a desfilar en dos días, lo cual da idea del ajetreo que se viene.

La declaración de Rajoy debería ser la más nutritiva de todas, pues todavía no ha empezado a pormenorizar sus años gestionando el pulso secesionista. Los fiscales tienen una buena tarea por delante porque la opinión pública se merece una narrativa detallada de lo que pasó. Y, a diferencia de lo que sucede con los acusados, que pueden elegir a quién contestar o incluso si quieren hacerlo, los testigos están obligados a responder a todas las partes.

El rey ha dado otro campanazo y en una tenida de juristas, haciendo inevitablemente referencia a lo que se está ventilando en la Sala del Supremo, ha dicho: "No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

Y justamente ese es el descargo que utilizan cada día los encausados, para justificar sus actos. Al tiempo que insisten en que son personas tolerantes, democráticas y dialogantes, se esconden en la maleza del supuesto mandato de los votantes para lograr la secesión, sin tener en cuenta a los ciudadanos no independentistas y sin que haya amparo al incumplimiento de la ley.

En este orden de cosas, en un interrogatorio inevitablemente áspero, entre fiscales y enjuiciados, estos han empuñado uno de los argumentos a los que nos tiene acostumbrados el secesionismo: "Convocar un referéndum, aunque sea declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no es delito".

La polémica sigue viva sobre si la defensa tiene que ser política, o estrictamente técnica. Los independentistas pata negra defienden que al tratarse de un juicio por rebelión, si lo que está en juego es el ordenamiento constitucional, entonces lo que se ventila es político.

Y esto tiene que ver con la dialéctica que tímidamente emerge en las Salesas. El independentismo parece estar fraccionado entre un espíritu pragmático y posibilista, con el que se puede hablar, negociar y transar, liderado por Junqueras, y un alma intransigente y doctrinaria, la ex Convergencia sin líder, con la que poco hay que hacer, encabezada por Puigdemont y su delfinario.

Las acusaciones se encuentran con dos vallas recientes, difíciles de franquear: el Gobierno Zapatero despenalizó la convocatoria de referendos ilegales y el Gobierno Rajoy no lo modificó. Asimismo, el Código Penal se modificó para exigir la existencia de violencia en el delito de rebelión.

Esta semana, con ocasión de la declaración de Jordi Sánchez, que fue presidente de una asociación independentista, el fiscal Zaragoza ha mantenido con él un pulso dialéctico y le ha pillado en varios renuncios, al tratar de poner en evidencia la violencia el 20 de septiembre de 2017, fecha que se considera como el inicio de la "rebelión" en Cataluña. Para demostrar que las manifestaciones no eran violentas, Sánchez dio como argumento de autoridad que "los bares estaban abiertos".

Esta es la madre del cordero del juicio: probar que hubo violencia, que es lo que exige el Código Penal para poder condenar a los líderes del 'procés' por un delito de rebelión. Y ni resulta sencilla la prueba ni todos los juristas están de acuerdo con esta calificación, por lo que serán decisivas las declaraciones de testigos y peritos.

No hay dudas en cuanto que los acusados practicaron la desobediencia de forma sistemática, lo que se ha acreditado de forma incesante en el juicio. Se saltaron la legalidad vigente, de forma intencionada, y declararon la independencia, con plena conciencia de ello, pero eso sí, con exquisito cuidado para no incurrir en delitos que estuvieran tipificados en el Código Penal.

Sabedores de que la rebelión exige violencia, en sus deposiciones han alardeado de pacifismo, hasta el punto que Jordi Turull ha descalificado a los (pocos, según él) violentos que han intervenido: "En el país de Pau Casals, esos son unos desgarramantas".

Tras la violencia, la malversación de fondos públicos. Todavía no se ha probado que la Generalitat pagara, de forma oficial, facturas para la organización del referéndum y el orfeón de las Salesas ha negado al unísono que se haya gastado un euro público. Pero Santi Vila, considerado por los independentistas Judas del procés, ha dado una pista interesante al afirmar que: "El referéndum lo pagaron mecenas y empresarios catalanistas". Aquí sí que hay materia para investigar.

También va a ser emocionante la declaración de Montoro que, en su día, negó los pagos y provocó un pasmo considerable en la opinión pública. Tampoco va a resultar simple la prueba, puesto que sabían muy bien dónde estaban los límites que no debían traspasar. Y en este caso, el orfeón -incluido el verso suelto- tampoco ha desafinado.

Las acusaciones se están empleando a fondo, con desigual fortuna y a la Abogacía del Estado le han llegado a afear que lleva la causa poco preparada. Estamos en el ecuador del juicio y tiempo habrá porque queda todavía mucho partido por disputar.

Lo cierto es que el ruido previsto no ha sido tal, desciende de intensidad y lo que pasa en el convento de las Salesas ha dejado de interesar, en beneficio de problemas reales (propios y extraños), que ensombrecen el día a día de un juicio que pierde fuelle, cuando aún puede ofrecer algunas sorpresas.

Atentos, pues, al desarrollo del juicio en las semanas que vienen, porque como aconsejó Andreu Nin: "Si quieres vencer, no amenaces. Actúa y calla".

LUIS SÁNCHEZ MERLO