El anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de aparcar "sine die" la reforma del sistema de financiación autonómica ha generado un fuerte malestar en la mayoría de las comunidades, incluidas las presididas por el Partido Socialista. Entre otras cosas porque muchas de ellas habían convertido este asunto en caballo de batalla contra el Ejecutivo de Rajoy y confiaban en contar con un nuevo modelo antes de finalizar la presente legislatura. A ello hay que sumar el anuncio, también del propio Sánchez, de que la mejora en la financiación de las comunidades autónomas se realizará de forma bilateral, un mensaje que tiene como principales destinatarios a catalanes y valencianos. Ante esta nueva fórmula, ha hecho bien el Gobierno de Canarias al advertir de que las Islas se pondrán "de frente", pues teme, y con razón, que haya quitas de deuda a las autonomías antes citadas, en perjuicio de aquellas que han controlado sus cuentas, con el consiguiente sacrificio de sus ciudadanos. No se puede premiar a los incumplidores. Por otro lado, hay que recordar al actual inquilino de la Moncloa que si existe un Consejo de Política Fiscal y Financiera es precisamente para que las autonomías se sienten con el Gobierno central y, con total transparencia, se alcance un acuerdo en esta materia. El camino elegido por Sánchez lo único que va a provocar es que se incrementen las diferencias que existen actualmente en cuanto a financiación y que dependiendo del lugar de residencia se acceda a unos servicios públicos de mayor o menor calidad. Canarias -donde tres de cada diez habitantes están en riesgo de pobreza, pese a la mejora registrada en 2017- no puede ni debe aceptarlo. No se trata de reclamar privilegios, sino de exigir que se respeten los derechos de cada una de las autonomías y, sobre todo, de tener en cuenta que un país solo se construye teniendo entre sus pilares el principio de solidaridad territorial. Los que más tienen ayudan a los que menos. Si no es así, está abocado al fracaso.

Esa solidaridad es también la que debe primar a la hora de elaborar una política migratoria. Preocupa, y mucho, el comportamiento de determinados países al abordar este fenómeno. Lo ocurrido en Italia o en Estados Unidos debe llevar a reflexionar a los responsables públicos sobre la necesidad de afrontar esta materia fríamente. Lejos del calor de las cámaras y los focos, pues detrás de las cifras que se manejan hay seres humanos. Eso es lo verdaderamente importante. Conscientes de que la solución no se va alcanzar a corto plazo, hay que evitar poner obstáculos o buscar réditos políticos utilizando esta materia. Canarias, que ya vivió hace doce años una situación complicada, por la llegada de miles de personas en patera, está dispuesta a ofrecer su ayuda, pero subrayando que la solidaridad en este campo es fundamental. No está permitido ponerse de perfil.

La simple idea de que el Parlamento de Canarias pueda llegar a tener 75 diputados genera serias dudas sobre los verdaderos objetivos de algunos miembros -PSOE, PP y NC- de la ponencia que debate en el Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía. Habrá que confiar en que solo sea un despiste, producto de un mal día, y que rectifiquen. De lo contrario, mejor que dediquen su tiempo a otros menesteres. ¡Vaya tomadura de pelo!